Beatriz Campuzano Díaz*

El Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) es un instrumento clave en la Unión Europea, por la importancia de las materias que regula y por su significado en la configuración del sistema de normas relativas a la cooperación judicial civil. Por una parte, en relación con las materias reguladas, estamos ante un Reglamento clave para el correcto funcionamiento del mercado anterior, ya que ofrece un marco de certidumbre y seguridad a empresas y particulares en relación a dónde litigar y a la validez y eficacia de las resoluciones judiciales, en ámbitos tan importantes como las obligaciones contractuales y extracontractuales, los derechos de propiedad intelectual e industrial o las cuestiones societarias, entre otras. Por otra parte, es el instrumento originario en el ámbito de la cooperación judicial civil, que es la terminología con que en la Unión Europea se identifican las cuestiones de Derecho Internacional Privado, y que ha servido de modelo por tanto a los reglamentos que se han aprobado con posterioridad.

En un Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo relativo a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) -Bruselas 2.6.2025, COM (2025) 268 final-, incardinado en los trabajos para la revisión del Reglamento, se ha hecho una valoración positiva de su funcionamiento en la práctica, indicando no obstante posibles mejoras. Así, en relación con su ámbito de aplicación se han venido planteando cuestiones relativas a la determinación de si el litigio tiene repercusión transfronteriza, sobre la concreción de la materia civil y mercantil y la delimitación de las reclamaciones relacionadas con los procedimientos de insolvencia, o sobre el alcance y extensión de la exclusión del arbitraje. A propósito de las normas de competencia judicial internacional sigue planteándose la cuestión de su aplicación en relación con los demandados domiciliados en terceros países, siendo también numerosas las cuestiones prejudiciales que llegan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito de los foros especiales relativos a las obligaciones contractuales y extracontractuales. Las normas de competencia judicial internacional relativas a los contratos de consumo también vienen planteando de forma recurrente cuestiones sobre el concepto de consumidor o el requisito para la aplicación de estas normas de que se trate de una actividad dirigida al país del consumidor, además de que excluye los contratos de transporte y no se aplica a las acciones colectivas. En el sector del reconocimiento y ejecución de resoluciones se reconoce que una posible revisión futura del Reglamento podría examinar más a fondo la coherencia entre el artículo 45, apartado 1, letras c) y d), y las normas de litispendencia.

En el mencionado Informe se puede obtener una enumeración más detallada de todas las cuestiones que se plantean. En esta nota me detendré en la posible extensión de las normas de competencia judicial internacional del Reglamento 1215/2012 a los demandados domiciliados en terceros países. Hasta ahora, las disposiciones del Reglamento, con determinadas excepciones (contratos celebrados por los consumidores y contratos individuales de trabajo cuando la considerada parte débil actúa como demandante, situaciones en las que los órganos jurisdiccionales tienen competencia exclusiva o cuando las partes eligen el órgano jurisdiccional) han venido limitando su aplicación a las situaciones en las que el demandado está domiciliado en un Estado miembro. Fuera de estos supuestos, cada Estado miembro aplica sus normas de competencia judicial internacional, lo que supone que individuos y empresas de Estados no miembros pueden verse demandados ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de la Unión Europea en virtud de las disposiciones nacionales de cada uno de ellos.

En el pasado, durante el proceso de negociación del Reglamento 1215/2012 ya estuvo muy presente la posibilidad de extender su regulación a las relaciones con terceros Estados, pero se abandonó la idea, además de por las reticencias que generaba en algunos Estados miembros, para no interferir con los trabajos que sobre esta materia pudiera desarrollar la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. No obstante, el Convenio de La Haya de 2 de julio de 2019 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial no abordó finalmente las cuestiones de competencia judicial internacional, sin que los trabajos que posteriormente han venido desarrollándose en el seno de la Conferencia parezcan alumbrar un futuro acuerdo en este sector. En este contexto, que en un futuro Reglamento de la UE se regulen la competencia judicial internacional en las relaciones con terceros Estados vuelve a cobrar fuerza.

Esta posible reforma se plantea, desde la perspectiva de los Estados miembros, como una forma de igualar en todos ellos el acceso a la justicia, dado que las normas nacionales de competencia judicial internacional pueden ser muy desiguales. Por otra parte, desde la perspectiva de las empresas e individuos domiciliados en terceros Estados supondría una mayor certidumbre y seguridad jurídica en relación con cuando pueden verse demandados ante los órganos jurisdiccionales de un Estado Miembro de la Unión Europea, pues todos ellos actuarían con un marco normativo común.

En el momento presente, la Comisión Europea ha iniciado una consulta pública y una convocatoria de datos (Normas de competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales: Reglamento Bruselas I bis (revisión) para recabar información sobre una posible revisión de las normas del Reglamento 1215/2012, que estará abierta hasta el 24 de noviembre de 2026. Se contempla desde la opción más conservadora, consistente en no introducir cambios o que estos sean limitados, a opciones de mayor calado en cuanto al alcance de la reforma. En el marco de las opciones de mayor calado es donde se contempla la extensión de las normas de competencia judicial internacional a los demandados domiciliados en terceros países. Habrá que esperar a que evolucione el proceso de reforma para ver si finalmente la Unión Europea actúa como un bloque común en las relaciones con terceros Estados.

*Beatriz Campuzano Díaz
Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Sevilla