Pablo Guerra*
Uno de los aspectos más controvertidos en las negociaciones desarrolladas por la Unión Europea y el Mercosur, refiere a la temática de la producción y uso de plaguicidas y agroquímicos. En los momentos más críticos de las movilizaciones de productores y ambientalistas europeos contrarios a la firma del Tratado (sobre todo en Francia) fue recurrente la referencia a la vulnerabilidad a la que se someterían los estándares de seguridad alimentaria y sus consecuencias tanto para consumidores como agricultores. Los argumentos manejados, fundamentalmente hacían referencia al uso todavía generalizado en países del Mercosur, de una gran variedad de agroquímicos prohibidos entre productores europeos. Ciertamente, esos argumentos parecen muy razonables en la medida que no parece nada aconsejable abrir los mercados para reducir los estándares de salud pública y ambiente. A pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea para enviar tranquilidad a los agricultores y consumidores europeos con mensajes del tipo “solo se permitirán las importaciones que cumplan las estrictas normas de seguridad alimentaria de la UE” o “se reforzarán las inspecciones y auditorías en los países exportadores y en las fronteras de la UE”[1], lo cierto es que estos asuntos son algo complejos y esconden intereses aún vigentes en ambas contrapartes.
A manera de ejemplo, un reciente estudio titulado “Global inequities in pesticide legislation: nearly half of pesticides approved in major crops in Latin America are not allowed in the European Union” y publicado en Proceedings of the Royal Society (Vol 292, Issue 2053) por parte de académicos/as latinoamericanos/as, demuestran que aproximadamente la mitad de los ingredientes activos aprobados para su uso en los principales cultivos agrícolas en América Latina no estaban permitidos en la Unión Europea (UE). Para ser más específicos, de 523 ingredientes activos encontrados en una muestra de 10 productos (que van desde el maíz y el trigo hasta las uvas y arroz), 256 estaban prohibidos o no autorizados por la UE. Yendo más a fondo, el 88% de los ingredientes activos aprobados en al menos un país de América Latina y considerados como de mayor riesgo por la Organización Mundial de la Salud (categorías Ia y Ib) no estaban permitidos en la UE[2], lo que visibiliza una desigualdad regulatoria no solo entre las regiones, sino además entre los diversos países[3].
Semejantes evidencias científicas abren la caja de Pandora. Es cierto que los países Latinoamericanos usan y abusan de sustancias peligrosas para el consumo humano que otras regiones, como la de la UE, prohíben[4]. Pero poco se dice que este sistema de producción se sostiene por fuertes intereses económicos de corporaciones que siguen produciendo y vendiendo esos plaguicidas de alta toxicidad. Y que buena parte de esa producción se localiza en Europa. Sí: la UE prohíbe el uso de ciertos insecticidas, herbicidas y fungicidas que de todas maneras exportan a nuestros países del sur del mundo. En una excelente nota periodística de Leo lagos para La Diaria, en la que se entrevista a algunas de las autoras del citado trabajo científico, se asegura, por ejemplo, que “la mayor parte de los plaguicidas que se usaban en Brasil venían de Europa”. Para el caso de Uruguay, aparecen en la lista de las importaciones de ingredientes prohibidos en la UE, países miembros caso de Francia, Alemania, Bélgica, Italia o España.
¿Qué hacer frente a esta “doble moral” que por un lado prohíbe el uso en su territorio, pero por otro lado permite su producción y venta a terceros países? Aquí el Tratado de Mercosur – UE abre interesantes perspectivas para favorecer la armonización normativa y por ende, prohibir la exportación por parte de Europa de sustancias prohibidas hacia nuestros países del sur. Pero será también necesario bregar por otra forma de entender la economía y los negocios, en la que un consumo sano oriente una producción sustentable. Los mercados, además de libres, deben ser justos y asegurar la sostenibilidad.
[1] El acuerdo comercial UE-Mercosur – Comisión Europea
[2] Caso del Beta-ciflutrin, Carbofurán, Diclorvós, Emamectina benzoato, Etoprofós, Methiocarb y Paratión metílico. Fuente: Cárcamo (2020: 6)
[3] En la muestra de países seleccionados, los países con más ingredientes activos aprobados en su territorio, pero prohibidos en la UE, fueron Costa Rica y México (140 y 135 respectivamente). Respecto al Mercosur, Brasil presentaba 115 productos aprobados y a su vez prohibidos en la UE. Colombia con 57 y Uruguay con 80 fueron los países con menor cantidad de ese tipo de ingredientes.
[4] Otro capítulo refiere a aquellos agrotóxicos prohibidos localmente pero igualmente utilizados.
Fuentes:
Cárcamo, M. (2020). “Los plaguicidas altamente peligrosos en Uruguay”, IPEN-RAPAL. En PAP en Uruguay 30-07-2020 final
Comisión Europea (2026). El acuerdo comercial UE-Mercosur – Comisión Europea
Grecia de Groot et al. Global inequities in pesticide legislation: nearly half of pesticides approved in major crops in Latin America are not allowed in the European Union. Proc Biol Sci 1 January 2026; 293 (2063): 20250267.
Lagos, Leo. Desigualdad tóxica: 49% de los plaguicidas usados en los cultivos más importantes de América Latina están prohibidos en Europa, La Diaria, 7 de febrero de 2026.
*Pablo Guerra
Profesor Titular Instituto de Sociología Jurídica (Facultad de Derecho – Universidad de la República). Coordinador de la Red Temática en Economía Social Solidaria en la Universidad de la República – Uruguay. Integrante del Proyecto Bridge Watch.