Pablo Guerra*

El último informe del Índice de Estado de derecho elaborado por el World Justice Project, correspondiente al año 2023, muestra una situación delicada a nivel global, a la vez que nos ofrece algunas pistas para poder avanzar en los ideales democráticos en las diversas regiones del mundo.

Comencemos por la nota delicada: el Índice en cuestión, muestra por sexto año consecutivo, una caída en la mayor parte de los países del mundo. Aunque con niveles menores a los relevados en informes anteriores, lo cierto es que hoy en día, unas seis mil millones de personas, viven en países que han visto disminuir su Índice en el período 2022 – 2023. Y si el Índice mide correctamente lo que pretende (un aspecto que excede el cometido de este breve artículo), vale decir, entonces, que la mayor parte del mundo vive en países que han empeorado la calidad de sus Estados de derecho.

Claramente en un campo tan multifacético, las construcciones metodológicas y los promedios que resultan de ellas, son siempre relativos. Es así, que ciertos países, aún en circunstancias difíciles, han mostrado logros en algunas de las dimensiones que componen nuestro objeto de estudio. Los promedios pueden esconder, por ejemplo, la existencia de países que son modelos en algunos aspectos (por ejemplo, en la lucha contra la corrupción) pero que son deficitarios en otros (por ejemplo, la libertad de prensa).

En concreto, el índice de referencia, organiza su metodología en torno a 8 dimensiones del Estado de derecho, a saber: limitación de los poderes del gobierno; ausencia de corrupción; orden y seguridad; derechos fundamentales; gobierno abierto; aplicación de la normativa; justicia civil, y justicia penal. Y cada una de estas dimensiones da lugar a un total de 47 sub indicadores, que necesitarán de aproximadamente unas 500 variables de estudio. Como el lector comprenderá, semejante desafío demanda un arduo trabajo de recolección.

Ingresando a los datos cuantitativos, podemos comenzar con el índice global, esto es, una suerte de sumatoria de todos los indicadores, que se organizan en una escala que va desde 0 a 1: cuanto más cercano al 1, mayor es la adhesión al Estado de derecho. Pues bien, una rápida lectura del ranking nos muestra, por un lado, un conjunto de diez países que superan el puntaje de 0,80. En términos generales, son todos países europeos, con la excepción de Nueva Zelanda, que ocupa el lugar 8 del ranking mundial. Es de destacar que los primeros cuatro lugares lo ocupan países nórdicos, a saber: Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. En la cola del ranking, tenemos 20 países que registran menos de 0,4 en su puntuación, todos ellos provenientes de Asia, África o América Latina. El contraste es significativo y por desgracia nada sorprendente, teniendo en cuenta la asociación que existe entre estos indicadores y otros de mayor exposición, caso del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Respecto a América Latina y el Caribe, tenemos un conjunto de países que en los últimos años han logrado posicionarse entre los primeros cincuenta del ranking mundial. Apresurémonos a decir que los rankings no son del paladar de buena parte de quienes pertenecemos a la comunidad científica. No se trata de concursar en una pasarela de vanidades. Pero ciertamente, esos listados se establecen luego de asignar puntajes que en sí mismos ofrecen material analítico de importancia. Teniendo eso presente, digamos entonces que la lista de mejores posicionados en LAC la encabezan Uruguay (25), Costa Rica (29) y Chile (33). Otro conjunto de países de la región, por su parte, han mostrado serias limitaciones en algunas de las dimensiones de estudio: los países latinoamericanos con puntuación general más baja son Venezuela (142), Haití (139), Nicaragua (137) y Bolivia (131). En algunos casos, se trata de países que históricamente han tenido problemas para asegurar a sus ciudadanos una vida razonable al amparo de las leyes. En otros casos, se trata de países que han caído en procesos autoritarios con diferentes signos ideológicos.

Respecto a las dimensiones de estudio, la que más se ha visto afectada en esta región ha sido la relacionada con la justicia civil: 82 % de sus países han visto caer su puntuación el último año.

Respecto a la Unión Europea, y a pesar de la Guerra de Rusia en Ucrania, aparece como una región que ha podido mantener estables los estándares sobre el Estado de derecho. Aun así, y más allá de las tendencias generales, hubo países que lograron avances (Bulgaria y Eslovenia) y varios otros que han sufrido un deterioro (Grecia y Bélgica, los más notorios).

Ahora bien, ¿cuáles son las pistas que nos ofrece este Informe para avanzar hacia los ideales democráticos? Como sabemos, los gestores públicos suelen tomar en consideración algunos de estos esfuerzos por establecer parámetros de comparación entre los países. Nótese, por ejemplo, cómo el EU Justice Scoreboard ofrece un diagnóstico que dispara, en ocasiones, ciertas recomendaciones para los países.

En así entonces, que más allá del dato global, merecen detenimiento las distintas variables cuantificadas para cada realidad nacional. Y aún dadas las limitaciones metodológicas de estos instrumentos, esos datos pueden ser de utilidad para avanzar en los valores comunes de convivencia democrática. Por ejemplo, si un problema real que vive la mayoría de los países del mundo, es el aumento en los retrasos de la justicia, entonces una prioridad debería ser un mejor diseño para hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Para la región latinoamericana, por su parte, hay un muy débil desempeño de las dimensiones referidas al sistema penal y criminal, y allí hay entonces otro nudo gordiano que debería tomarse como prioridad, asumiendo las complejidades del caso.

Es cierto, las luces amarillas están encendidas. Pero aún hay margen para avanzar en diferentes niveles de un Estado de derecho, que en definitiva conduzca a una mejor salud de nuestras sociedades y de nuestra aldea global.

*Pablo Guerra

Dr. Pablo Guerra. Profesor Titular Instituto de Sociología Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad de la República (Montevideo – Uruguay). Integrante del Sistema Nacional de Investigadores.