Meegan Romero Avila* and Santiago Carrillo Lescano**

El mundo moderno atraviesa grandes incertidumbres desde diversos frentes; las crisis políticas, sociales y económicas no han sido clementes con los países latinoamericanos; los cuales, en su mayoría en vías de desarrollo, no cuentan con las herramientas necesarias para sobreponerse ante dichas dificultades. El contraste de realidades entre Europa y Latinoamérica evidencia la necesidad de la cooperación internacional para garantizar el ejercicio óptimo de los Derechos Humanos y el funcionamiento integral de la figura del Estado de Derecho; estos dos pilares fundamentales son la base que fertiliza el terreno de cultivo hacia sociedades más justas, estables y democráticas.

La comunidad europea cimienta sus principios en la libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, fomento de la paz y la estabilidad; cada una de estas bases ha sido positivizada a través de norma y garantizado mediante políticas públicas y gobernanza adecuada; lo que, se evidencia de lleno en su desarrollo social y bajo índice de corrupción en relación con el caso ecuatoriano; que según (Transparencia Internacional, 2023)[1] sitúa a la Unión Europea con un puntaje considerable como “bajo índice de corrupción” de 64/100 puntos en la escala de percepción de la corrupción, mientras Ecuador se posesiona con una puntuación de 34/100 puntos lo que indica un “alto índice de corrupción”, acercándolo a tendencias que afectan la eficacia de la administración pública.

Explorando de manera histórica, saltan a la vista las condiciones que llevaron a este punto la realidad ecuatoriana sobre lo descrito anteriormente, la discusión obliga plenamente a cuestionar el actuar de los servidores de la administración pública tanto de elección popular, como de designación directa por autoridad superior e incluso de los nombrados y posicionados mediante concurso meritocrático. La politización del aparataje ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social ha convertido a las funciones del estado en una exhibición del poder del gobierno en turno sobre los disidentes políticos y las clases menos privilegiadas.

Entonces, ¿Puede un gobierno garantizar los valores del Estado de Derecho en medio de una crisis política, social, administrativa y económica? La respuesta es clara; sin recursos y con una administración corroída en escándalos de corrupción, Ecuador no puede asegurar los principios fundamentales que sustentan el Estado de Derecho. Las medidas adoptadas por el régimen actual dan la impresión de una serie de cortinas de humo que pintan una suerte de cuidados paliativos a una administración pública deficiente y consumida por el cáncer de la negligencia y los delitos contra la eficacia de la administración pública.

El análisis que se presenta a continuación busca ofrecer una perspectiva más objetiva sobre estas afirmaciones, comenzando por la independencia judicial, que, si bien es un mandato constitucional, ha demostrado ser inútil ante la crisis que enfrenta la Función Judicial en Ecuador. Esta crisis se ha visto agravada por escándalos de corrupción en los juzgados, como los casos “El Gran Padrino” y “Metástasis”, que resultaron en la detención de numerosos funcionarios públicos. La crisis judicial es, además, producto de la reducción presupuestaria anual y la creciente invasión de la delincuencia organizada en el país, que se ha tomado a varios actores judiciales y miembros de las fuerzas de control del orden público a su servicio.

La eficacia de la administración pública pasa por una de sus más obscuras épocas y muestra de ello es que, el Código de ética de la Administración Pública Central emitido por medio del (Decreto Ejecutivo N° 86 , 2023); donde, el Presidente de la República Daniel Noboa, dispuso medidas que abarcan la identificación del nepotismo, prohibiciones de participación de familiares de los miembros de la administración pública central o demás actos que pongan en tela de duda la eficacia y transparencia de la función ejecutiva; y de manera posterior, declaró la derogatoria del anteriormente mencionado decreto a tan solo 66 días de haber sido expedido, es evidente un presuntivo intento de crear cierto margen de maniobra para sortear el alcance de estas limitaciones; cuando para mayo de este año, la fiscalía abrió una investigación porque la empresa Vinazin S.A; de la cual, la principal accionista es la primera dama de la nación y que obtuvo los permisos de construcción del Ministerio de Ambiente, en un área designada como protegida en el estero de Olón a solo 13 días después del posicionamiento presidencial y que estalló al ojo público en mayo de este año según (Primicias, 2024) .

La deuda ética que hoy paga la ciudadanía ecuatoriana es herencia de gobiernos anteriores y arraigos culturales sobre el actuar impropio de quienes deberían procurar el funcionamiento eficaz de la administración pública; muestro de ellos es la política de los últimos dos periodos de gobierno ha puesto su mano sobre la economía de la clase obrera con la eliminación de subsidios a los combustibles, aumento de impuestos a servicios básicos y la condonación de deudas millonarias a la banca y empresa privada. La transparencia se ha convertido en un “ideal” constitucional que no ha podido ser garantizado ni alcanzado por el aparataje estatal.

La inestabilidad política, social y económica ha llevado a violaciones de los derechos humanos, a menudo justificadas por el uso excesivo de estados de excepción como respuesta al precario manejo y control de la creciente y persistente mal llamada “conmoción interna” que atraviesa el Ecuador en su “lucha” contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico. El uso desmesurado del “estado de excepción” pone a plena vista la improvisación y falta de planeación de los gobiernos en turno para contener y mermar el flujo de violencia y delincuencia. Las declaratorias de excepcionalidad antes mencionadas son el pan diario del litoral ecuatoriano, y han causado graves vulneraciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Los valores del Estado de Derecho en la realidad ecuatoriana son enunciativos únicamente; la desigualdad social y económica son las causas fundamentales por las que las cárceles se encuentran hacinadas de jóvenes atraídos por la delincuencia organizada y que han sido aplastados por la capacidad punitiva del aparataje judicial, que no les ha brindado reeducación, salud, alimentación o condiciones dignas en las que puedan cumplir su medida de rehabilitación para integrarse nuevamente a la sociedad; pese a que, Ecuador ha ratificado una infinidad de convenios en materia de respeto a los Derechos Humanos, a los llamados de atención de organismos internacionales y de que ha sufrido alrededor de catorce brutales masacres documentadas desde el año 2020 hasta este punto.

Existen demasiados frentes que abordar desde la perspectiva de las afectaciones a los principios fundamentales que sostienen un Estado de Derecho; pero, enunciar y desarrollar cada uno de ellos requiere un trabajo más extenso del que en esta ocasión se aborda; por ende, es menester concluir con que los criterios de gobernanza que hoy la administración de la república pretende pasar por “planes de acción” no son más que suspiros tratando de apagar un incendio masivo para el que no tiene las herramientas y la capacidad de enfrentarse. Es evidente la ausencia real de acciones que generen impacto en el cambio social que requiere el Ecuador para percibirse a sí mismo como un real y constituido Estado de Derecho o de que la percepción de transparencia sea igual o al menos cercana a la de la Unión Europea dentro del estándar internacional.

Referencias

Presidencia de la República del Ecuador . (19 de diciembre de 2023). Decreto Ejecutivo N° 86 . Expedición del Código de Ética de la Administración Pública Central que Conforma la Función Ejecutiva : https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2024/01/Decreto-Ejecutivo-No.-86-2023-CODIGO-DE-ETICA.pdf

Proyecto de Justicia Mundial. (2021). Índice de Estado de Derecho .

Primicias. (8 de mayo de 2024). Las claves del proyecto inmobiliario de Olón que involucra a Lavinia Valbonesi. Primicias: https://www.primicias.ec/noticias/politica/claves-proyecto-olon-lavinia-valbonesi/

Transparencia Internacional. (2023). Informe de Percepción de la Corrupción. https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/ecu

*Meegan Romero Avila
Egresada en Derecho, Universidad Central del Ecuador; realizando Proyecto de Titulación sobre La aplicación de las Reglas “Nelson Mandela” de Naciones Unidas en el Tratamiento de Adolescentes Infractores.

**Santiago Carrillo Lescano
Estudiante de la Universidad Técnica del Norte, carrera de Psicología, Egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Central del Ecuador candidato en preparación para la defensa del proyecto de investigación titulado “El pluralismo jurídico y la aplicabilidad de los derechos colectivos en la creación de circunscripciones territoriales indígenas.”