Miguel Angel Lopez Vara*
América Latina se ha convertido en el epicentro mundial de la violencia. Con apenas el 9% de la población global, la región concentra más de un tercio de los homicidios del planeta. Las cifras son tan categóricas como alarmantes: en países como Brasil, México, Venezuela o Colombia, las tasas de homicidios superan ampliamente los promedios internacionales, y ciudades como Guayaquil, Caracas o Tegucigalpa registran miles de muertes violentas en apenas unos meses. En Sudamérica, Perú, Brasil y Argentina figuran entre los países con mayores índices de criminalidad, según el último informe de seguridad regional.
Estas estadísticas están lejos de ser simples números, sino que reflejan una realidad cotidiana que atraviesa familias, barrios y comunidades. La violencia parece haberse normalizado en muchos espacios urbanos, donde la población vive bajo la sombra de la inseguridad. El miedo a ser víctima de un asalto, un secuestro o un homicidio se ha convertido en parte del día a día, y esa sensación de vulnerabilidad erosiona la confianza en las instituciones y en la democracia misma.
El crimen organizado es el gran protagonista de esta historia. Ya no hablamos de bandas locales con alcance limitado, sino de redes transnacionales que operan con la lógica de corporaciones globales. Narcotráfico, trata de personas, contrabando, minería ilegal y extorsión son solo algunas de las actividades que financian estas organizaciones. Su poder económico les permite penetrar en las estructuras estatales, especialmente en los municipios, donde financian campañas, compran voluntades y capturan presupuestos públicos. En muchos territorios, los carteles y pandillas funcionan como un “Estado paralelo”, imponiendo reglas, cobrando impuestos ilegales e incluso administrando justicia a su manera.
El impacto sobre las democracias latinoamericanas es devastador. La fragilidad institucional de la región se convierte en terreno fértil para la infiltración criminal. Alcaldes, concejales, policías y jueces son cooptados mediante sobornos o amenazas, lo que genera un círculo vicioso de impunidad. La ciudadanía percibe que la política está contaminada y que los gobiernos son incapaces de garantizar seguridad. Esa percepción alimenta el desencanto democrático y abre la puerta a discursos autoritarios que prometen orden frente al caos.
La corrupción es el otro rostro de esta crisis. Sin ella, el crimen organizado no tendría la capacidad de expandirse con tanta facilidad. Los sobornos a funcionarios, la compra de jueces y fiscales, y el financiamiento ilegal de campañas son mecanismos que permiten a las mafias blindarse contra la justicia. La corrupción no solo debilita al Estado, sino que destruye la confianza ciudadana en los gobiernos y en la política en general. Cuando la gente cree que “todos los políticos son corruptos”, la democracia pierde legitimidad y se convierte en un cascarón vacío que es terreno fértil para aventuras de líderes populistas.
La combinación de delincuencia y corrupción es hoy el desafío más urgente para los gobiernos de la región. Sin seguridad, no hay inversión ni desarrollo económico. Sin instituciones trasparentes, no hay políticas públicas efectivas. Resolver esta crisis requiere estrategias integrales que combinen prevención social, fortalecimiento institucional y cooperación internacional. Sin embargo, la urgencia del problema ha generado una presión política que favorece las soluciones rápidas y contundentes, aunque muchas veces superficiales.
En este escenario, los candidatos de derecha han sabido capitalizar el miedo y el desencanto ciudadano. En Perú, los discursos conservadores se han fortalecido prometiendo mano dura contra el narcotráfico y la delincuencia común. En Chile, José Antonio Kast ha construido su narrativa en torno a la idea de orden y seguridad, apelando a una ciudadanía cansada de la violencia. En Argentina, Javier Milei ha vinculado su discurso económico con la lucha contra la corrupción, presentándose como un outsider capaz de limpiar la política. Y en Brasil, Jair Bolsonaro llegó al poder prometiendo una guerra frontal contra el crimen, aunque sus resultados fueron discutidos.
La percepción ciudadana es clara: la derecha aparece como más capaz de enfrentar la delincuencia y la corrupción. No porque tenga necesariamente mejores políticas, sino porque su discurso de firmeza y autoridad conecta con el sentimiento de inseguridad que domina a la región. La promesa de “orden” se convierte en un recurso electoral eficaz en sociedades que sienten que el Estado ha perdido el control.
Pero aquí surge la gran pregunta: ¿puede la mano dura resolver un problema tan complejo? La evidencia muestra que las políticas exclusivamente represivas suelen tener efectos limitados y, en algunos casos, contraproducentes. Sin reformas institucionales profundas, sin inversión en educación y oportunidades, sin desarrollo económico inclusivo y sin cooperación regional, la violencia seguirá reproduciéndose. La tentación de soluciones rápidas puede dar réditos electorales de corto plazo, pero no garantiza resultados sostenibles en el tiempo.
América Latina enfrenta una tormenta perfecta: delincuencia desbordada, crimen organizado con poder transnacional, corrupción enquistada en las instituciones, escaso crecimiento económico y democracias debilitadas. Resolver esta crisis no es solo una cuestión de seguridad, sino de supervivencia democrática. La región necesita gobiernos capaces de enfrentar la violencia sin sacrificar las libertades, de combatir la corrupción sin caer en el populismo, y de reconstruir la confianza ciudadana en la democracia.
Mientras tanto, los candidatos de derecha seguirán cosechando apoyos en un terreno abonado por el miedo y la desesperanza. La pregunta que queda abierta es si podrán transformar ese capital político en soluciones reales, o si la región seguirá atrapada en el círculo vicioso de violencia, corrupción y desencanto.
*Miguel Angel Lopez Vara
Profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile