Manuel Becerra Ramírez*
Al Dr. Fernando Cano Valle por sus 50 años de académico de la UNAM
El narcotráfico en el mundo es uno de los grandes problemas sociales y políticos que afrontan los Estados en el siglo XXI. Al ser un fenómeno de carácter multifacético, las respuestas implementadas por la comunidad internacional han sido también muy diversas. Una de ellas es la Declaración de Oviedo, que es una propuesta ética que se distingue de las demás porque en lugar de ocuparse únicamente en las drogas pone en el centro de la preocupación a las personas. Pero, para analizar las diferentes posiciones que se han tomado para hacer frente al narcotráfico, primero hay que partir de la premisa que el narcotráfico es un negocio que, si bien ilegal, al final de cuentas se rige como un gran negocio por las leyes económicas de oferta y demanda.
Los datos que ha dado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en su informa de 2024[1] son elocuente al mismo tiempo de espeluznantes si tomamos en cuenta el poder económico que da a los narcotraficantes:
– “El número de personas que usan drogas se elevó a 292 millones en 2022, lo que representa un aumento de 20% en 10 años;
– “El cannabis sigue siendo la droga más ampliamente consumida en todo el mundo (228 millones de consumidores), seguido por los opioides (60 millones de consumidores), las anfetaminas (30 millones de consumidores), la cocaína (23 millones de consumidores) y el éxtasis (20 millones de consumidores).
– “Los nitazenos, un grupo de opioides sintéticos que pueden ser incluso más potentes que el fentanilo, han surgido recientemente en varios países de renta alta, lo que ha provocado un aumento en las muertes por sobredosis.
– “Si bien alrededor de 64 millones de personas en el mundo sufren de trastornos por el uso de drogas, solo una de cada 11 recibe tratamiento.
– “Las mujeres tienen menos acceso al tratamiento que los hombres: solo una de cada 18 mujeres con trastornos por consumo de drogas recibe tratamiento en comparación con uno de cada siete hombres”.
De acuerdo con estas cifras, imaginemos el monto económico que resulta de proveer de drogas a 23 millones de consumidores de cocaína, cuando las utilidades netas están entre 10,000 y 20,000 dólares por cada kilogramo de heroína o cocaína, según el experto Marcelo Berman[2].
Así, el narcotráfico, con su gran poder económico, produce muchos otros problemas sociales en los Estados tanto productores como consumidores. Para los Estados que son productores o de tránsito de las drogas, el narcotráfico disuelve estructuras sociales y corrompe las instituciones del mismo gobierno, sumiendo a la sociedad en una espiral de violencia que parece interminable.
Como hemos visto, el crimen organizado maneja cifras inimaginables de dinero por la comercialización de la droga, con lo que son capaces de romper o corromper las estructuras del gobierno y los tejidos sociales. El crimen organizado también copta a cientos de jóvenes que pasan a formar parte de sus ejércitos privados, reclutados voluntariamente (en busca de dinero, o seducidos por la cultura del narco), o bien por la fuerza.
Pero no hay que perder de vista que el narcotráfico es un negocio; forma parte de la economía capitalista, en donde hay mercados enormes de consumidores que alientan la producción y el tráfico (algunos hablan de que es la oferta la que incita al consumo; en realidad puede ser las dos causas). La economía del narco es amplia y fuerte, aparte de la comercialización de la droga está el lavado de dinero, así como el comercio o tráfico de armas que constituye por sí mismo un factor económico importante para los productores de armas.
La ilegalidad de las drogas.
Actualmente, la respuesta de la comunidad internacional al problema del narcotráfico ha estado dominada por la postura de los Estados Unidos que, en el año del 1971, declaró la “guerra contra las drogas”. Precisamente ese año, el presidente de este Estado, entonces Richard Nixon, tomo medidas concretas: elevó el presupuesto federal para las agencias involucradas a combatir el tráfico de drogas, y el tratamiento de su consumo, y en el año de 1973 se creó la Administración para el Control de las Drogas (la famosa DEA) a partir de la fusión de la Oficina para el Control del Abuso de Drogas, la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas y la Oficina de Inteligencia de Narcóticos para consolidar los esfuerzos federales para controlar el abuso de drogas. Este enfoque de guerra fue intensificado bajo la presidencia de Ronald Reagan en la década de los 80s. Este enfoque guerrerista, seguido por declarar ilegales a las drogas, fue adoptado en Colombia que es uno de los grandes Estados productores de cocaína (con el Plan Colombia) y después en México (con la iniciativa Mérida).
Por otra parte, a nivel internacional se cuenta con dos organizaciones con las que se enfrenta el problema del narcotráfico: la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). La ONUDD y la OMS resumen las pruebas científicas de las que se dispone en materia de prevención y ofrecen recomendaciones al respecto. También se han adoptado varios tratados sobre el tema del narcotráfico: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 (de acuerdo con su artículo 5 se reconoce la competencia de las Naciones Unidas en materia de fiscalización internacional de estupefacientes, y se encomienda a la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, las respectivas funciones en materia de fiscalización), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Aparte de la orientación naturalmente preventivo de la OMS, la postura de estos instrumentos internacionales es de carácter punitivo, siguiendo la línea de la “guerra contra el narcotráfico”.
Los efectos de la ilegalidad de las drogas.
Al sustraerse la comercialización legal de las drogas hay una serie de efectos que se producen y que es motivo de tomar en cuenta cuando se trata de luchar en contra de esa patología social.
– En principio, en la ilegalidad de las drogas no opera el concepto de propiedad para el narcotraficante, con lo cual toda su economía (dinero, bienes que adquiere, y demás) es subterránea; por eso, para “blanquear” sus bienes tiene que recurrir a redes ilegales financieras internas e internacionales (los paraísos fiscales), prestanombre y corrupción de autoridades.
– Tampoco opera la justicia tradicional y entre otros efectos, produce que las bandas criminales o los carteles resuelvan sus diferencias por sí mismas en forma violenta; y también sucede que se corrompa a las autoridades judiciales.
– La ilegalidad también produce violencia extrema que alcanza a la población normal y cooptación por medio de corrupción de las autoridades del Estado; lo cual resulta en que las policías sean rebasadas por corrupción, por lo cual los gobiernos deciden involucrar a los ejércitos, que generalmente son el ultimo bastión en la protección de los intereses del Estado.
– La ilegalidad también produce que el “negocio” sea más peligroso, porque aumentan los riesgos para quien se dedica a esto y a su vez produce elevación del precio de la droga;
– La ilegalidad también produce una espiral de violencia y un peligro de que los narcos incursionen en otros “negocios” como la trata de blancas, secuestros, robo o tráfico de bienes del Estado como el petróleo, entre otros.
La salud como derecho humano.
Independientemente de lo anterior, también es importante mencionar los efectos que las drogas tienen en la salud de la sociedad. Como ya vimos, el consumo se cuenta a millones y las drogas producen problemas de salud individual y colectiva en el entorno social de los adictos. A partir de esta premisa encontramos la perspectiva del consumo como parte de una patología y de la salud como parte de los derechos humanos. Y encontramos una perspectiva diferente a la guerrerista que es el de considerar al consumo de drogas como una enfermedad.
Esta postura está de acuerdo con el concepto de salud que ha adoptado la OMS. En efecto, la OMS considera que la salud no solo comprende la ausencia de enfermedad, sino un espectro más amplio: “Es el completo bienestar físico, psicológico y social”. El elemento de esta definición de bienestar psicológico y social está estrechamente relacionado con la pregunta: ¿por qué se consumen las drogas? Esta es una preguntan que pueden dilucidar los psicólogos y antropólogos. Lo que si es cierto es que el consumo de drogas es muy antiguo y en muchos casos está relacionado con rituales religiosos o tradiciones culturales; pero el actual consumo de drogas no tiene que ver con eso, depende de una patología psicológica y social, es decir una enfermedad individual o social. Los jóvenes se drogan por curiosidad, o quizás por rebeldía, por mala influencia social, por pertenecer a grupos; o puede ser por problemas existenciales: soledad, frustración, marginación u opresión. Y estos son problemas de carácter sicológico que tienen que ver con el concepto de salud integral que plantea la OMS, la cual también relaciona con los derechos humanos: “el goce derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos, tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación”.
Esta misma actitud se puede ver en el Protocolo del Salvador que en su artículo 10 establece:
Derecho a la salud
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.
La Declaración de Oviedo
Esta es la misma corriente de la Declaración de Oviedo, que surge de una reunión de expertos internacionales celebrada en Oviedo España el 9 de junio de 2023, organizada por Proyecto Hombre “para prevenir el consumo de drogas de acuerdo con los estándares científicos”. La declaración de Oviedo se resume en un decálogo de propuestas que tiene que ver con la ética: pone en el centro del asunto de las drogas a las personas, no a las drogas y a su ilegalidad o persecución. El hombre y la comunidad son el centro, es la principal preocupación. Las diez propuestas de Oviedo son las siguientes:
1. Solicitar a los países dedicar al menos el 25% de su estrategia y presupuesto de reducción de la demanda de drogas a la prevención para el 2030;
2. Promover un enfoque de prevención dirigido a todas las edades del desarrollo y favoreciendo una prevención más temprana;
3. Fomentar la investigación y la evaluación para evitar estrategias de prevención ineficaces o contraproducentes;
4. Ampliar la visión de las respuestas preventivas para desplazar el enfoque centrado en las drogas hacia el individuo y la comunidad;
5. Incorporar enfoques interseccionales en la prevención que abarquen todos los colectivos en riesgo;
6. Impulsar sistemas de prevención que involucren múltiples actores y que documenten la efectividad y rentabilidad para su implementación global;
7. Proporcionar cobertura universal desde un continuum de atención prevención que involucren múltiples actores y que documenten la efectividad y rentabilidad para su implementación global;
8. Priorizar la acción en los países de renta baja y media;
9. Capacitar a las generaciones actuales y futuras de profesionales de la prevención;
10. Dar seguimiento del estado de las políticas de prevención a través de una supervisión responsable.
Los verbos que predominan en la Declaración de Oviedo son: prevenir, investigar, proteger capacitar, priorizar. Quizás el consumo de drogas no se acabe, pero si es necesario y posible quitarle su aspecto violento e inhumano, protegiendo al ser humano y su entorno social. Aunque la Declaración de Oviedo no tenga una naturaleza jurídica vinculante, su contenido y su espíritu profundamente humanistas le dan cierta autoridad moral para que la sociedad civil impulse su visión alternativa ante los gobiernos que, por convicción o presión de las potencias consumidoras de drogas, se han inclinado a tomar una postura guerrerista contra el tráfico de drogas.
[1] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito , “Informe Mundial sobre las Drogas 2024 de UNODC: los daños del problema mundial de las drogas siguen aumentando en medio de la expansión del consumo y los mercados de drogas”, Viena, 26 de junio de 2024, https://www.unodc.org/unodc/es/press/releases/2024/June/unodc-world-drug-report-2024_-harms-of-world-drug-problem-continue-to-mount-amid-expansions-in-drug-use-and-markets.html
[2] Berman, Marcel, Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, FCE, Buenos Aires, Argentina, 2016, p. 21.
*Manuel Becerra Ramírez
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.