José Joel Peña Llanes*

La crisis política y humanitaria en Venezuela ha puesto a prueba los principios y valores de la comunidad internacional. La Unión Europea, como actor con responsabilidad global, ha adoptado una postura homogénea frente a esta situación, buscando que se defiendan los principios democráticos, pero, sobre todo, los derechos humanos de las y los venezolanos.

Pero ¿desde cuándo inició realmente dicha crisis? En diciembre de 1998, Hugo Chávez resultó electo presidente de una Venezuela sumida en un ambiente de gran polarización y descontento social por la corrupción, la pobreza y la desigualdad. Como todo político que llega al poder, gozaba de una amplia popularidad, sobre todo por organizar en 1992 un golpe de Estado fallido para derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez y por una serie de promesas, tales como mejorar el nivel de vida de la población; instaurar una democracia en la que se respete la voluntad política, la independencia de los poderes públicos y se entregue la investidura presidencial de manera pacífica; respetar a los medios de comunicación y la pluralidad política; luchar contra la corrupción; mejorar servicios públicos, entre otras.

Con ideas proteccionistas y nacionalistas, el entonces presidente Chávez inició la llamada “Revolución Bolivariana” que incluyó políticas de nacionalización de sectores estratégicos, como el petróleo y la electricidad, y la adopción de una nueva Constitución Política que tenía un fuerte componente social, permitiendo a los pocos años iniciar programas sociales, mejor conocidos como Misiones Bolivarianas.

A nivel internacional, estrechó relaciones con países que tenían una ideología similar, siendo Cuba y Bolivia los referentes más próximos, al tiempo que se ganó la enemistad de países capitalistas como Estados Unidos (EE. UU.) y los de Europa Occidental. Esto último, ya que se generaron fricciones geopolíticas por las posiciones abiertamente antiestadounidenses, el apoyo a Cuba y los acercamientos de Venezuela con potencias “enemigas” de Occidente como Rusia, China e Irán. Estos factores han exacerbado el conflicto porque se consideran amenazas directas a la influencia y seguridad de EE. UU. y de sus socios europeos. Sin embargo, es crucial reconocer que, a pesar de estos desacuerdos, existe una relación comercial significativa basada en el petróleo, agregando un nivel de complejidad a la relación bilateral. Los intereses estadounidenses y en menor medida de Europa en el suministro energético y los intercambios comerciales con Venezuela son elementos que no pueden ser ignorados.

Por otro lado, la intención del presidente Chávez de permanecer en el poder por más años de los que tenía permitido, de acuerdo con la propia Constitución Política, y la concentración excesiva del poder comenzaron a erosionar el sistema institucional interno. Es importante recordar que su primer mandato fue de 1999 al año 2000, siendo reelecto para para ocupar la presidencia hasta 2006, cuando fue reelecto una segunda ocasión para iniciar un tercer mandato hasta 2012.

Sin embargo, en octubre de 2012, cuando fue reelegido para un cuarto mandato, su salud estaba deteriorada, al grado que, en marzo de 2013, y sin tomar posesión formalmente, falleció. Para ese entonces, ya era considerado, tanto al interior de Venezuela, como en la región y el mundo como un líder autoritario que propició una crisis económica y un ambiente de polarización aún más acentuado que aquel que se vivía al iniciar su vida política.

Fue así como inició una crisis política que se exacerbó con la celebración de elecciones anticipadas, y ampliamente criticadas por fraude y controversias de diversa índole, en las que resultó electo quien fuera elegido por el propio Chávez para sucederlo, Nicolás Maduro, por un margen muy estrecho frente al candidato opositor, Henrique Capriles. Desde entonces, diferentes misiones de observación electoral de diferentes partes del mundo coincidieron en que los comicios se caracterizaron por fraude y anomalías, hecho que fue pasado por alto.

Como consecuencia de la grave crisis económica que el presidente Maduro heredó del gobierno de Chávez, del aumento descontrolado de los precios, de la escasez de productos y la falta de servicios públicos de calidad, la población comenzó a protestar y demandar la intervención de otros países para mejorar la situación, hecho que propició la intervención de la Policía Nacional Bolivariana y de otros cuerpos de seguridad pública, provocando numerosas personas heridas y fallecidas.

Estos movimientos sociales se repitieron en muchas ocasiones durante el transcurso de los años, al grado de que desde 2021 hasta la fecha, se encuentra abierta una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, tales como privación grave de la libertad, violencia sexual, tortura y persecución política, durante protestas sociales que tuvieron lugar en 2017.

En 2018, tras unos comicios poco confiables, el presidente Maduro fue reelecto para ocupar la presidencia hasta 2024. Lo anterior, a pesar de que algunos países como EE. UU. y ciertos miembros de la Unión Europea (UE), al igual que un número importante de naciones latinoamericanas, desconocieron el resultado de las elecciones, impusieron sanciones contra Petróleos de Venezuela e incluso, meses más tarde, reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino tras autoproclamarse titular del poder Ejecutivo bajo el argumento de que las elecciones fueron fraudulentas e ilegítimas. Empero, hay que reconocer que el gobierno del presidente Maduro también contaba con apoyo internacional, especialmente de sus aliados tradicionales (Bolivia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, entre otros).

Este segundo mandato se ha caracterizado por una crisis sin precedentes que ha provocado el llamado “éxodo venezolano”, provocado no sólo por la represión del gobierno, sino por una crisis alimentaria y de productos básicos generalizada que se relaciona ampliamente con la imposición de sanciones económicas por parte de EE. UU. y algunos miembros de la UE. De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor; la mayoría – más de 6,5 millones de personas – ha sido acogida por países de América Latina y el Caribe”[1].

En un contexto que se caracteriza además por represión e inhabilitación de adversarias y adversarios políticos y la censura de medios de comunicación, se celebraron en julio de 2024 las elecciones presidenciales, siendo los principales candidatos el presidente Nicolás Maduro por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y Edmundo González por la Plataforma Unitaria Democrática.

Por lo que se refiere a la inhabilitación, el Parlamento Europeo aprobó en julio de 2023 una resolución con 495 votos a favor, 25 en contra y 43 abstenciones en la que, entre otras cosas, se “condena enérgicamente la decisión arbitraria e inconstitucional de impedir a María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano, entre otros candidatos, presentarse a las elecciones, así como la injerencia del régimen de Maduro en el proceso electoral”[2].

Ahora bien, como era de esperarse, aunque todo indicaba que ganaría la oposición, “seis horas después del cierre oficial de los centros de votación y tras una tensa espera, Elvis Amoroso, presidente del CNE [(Consejo Nacional Electoral)], aseguró que con un 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia ‘contundente e irreversible’, Maduro fue reelecto para un tercer mandato con 5.150.092 votos, un 51,20%. El líder opositor, Edmundo González, por su parte, habría logrado 4.445.978 votos, un 44,2%”[3].

Ante esta situación, María Corina Machado, lideresa de la oposición inhabilitada para presentarse como candidata a las elecciones y Edmundo González declararon un fraude, presentando incluso las actas originales que a todas luces le daban la victoria a la oposición. Esto generó una división entre países que aceptaron el resultado presentado por el CNE, aquellos que solamente solicitaron mayor transparencia y los que no reconocen la supuesta victoria de Nicolás Maduro. En el primer caso, destacan Bolivia, China, Cuba, Honduras, Nicaragua y Rusia; en el segundo se encontrarían Colombia y México; y en el tercer grupo se encuentran, entre otros, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.

Otro esfuerzo importante, aunque de carácter declarativo, fue la participación de la UE, junto con una veintena de países latinoamericanos, europeos y africanos, en la redacción de un documento en el que se refleja una clara preocupación por la violación continua de los derechos humanos, la represión de las manifestaciones pacíficas y la falta de transparencia en las elecciones, razón por la cual se exige al gobierno del presidente Maduro que se abstenga de cometer dichas acciones y se le ofrece apoyo para alcanzar una solución pacífica y democrática.[4]

En el caso particular de la UE, Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, afirmó que “[…] mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”[5]. Esta afirmación responde al hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una sentencia en la que “[…] ‘certifica de forma inobjetable el material electoral peritado’ y ‘convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República’’[6].

En términos generales, ante esta situación, que es el reflejo de una coyuntura que se ha agravado desde hace al menos dos décadas, la UE ha sido contundente, pues Josep Borrell ha declarado lo siguiente:

[…] las autoridades han desencadenado una ola represiva sobre el país que afecta sobre todo a los territorios alejados
del foco mediático de Caracas. Ahora mismo, además de las actas y un diálogo franco para restaurar la democracia, lo más
urgente es que las autoridades venezolanas pongan fin y de forma inmediata a las detenciones arbitrarias y a la represión
contra miembros de la oposición y de la sociedad civil, y que todos los presos políticos sean puestos en libertad. El
hostigamiento y las amenazas en contra de las fuerzas democráticas opositoras y los periodistas y medios de comunicación
debe detenerse. Las libertades, incluida la libertad de expresión e información han de protegerse. Por eso, la UE sigue
defendiendo que, sin más demora, se permita el retorno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a
Caracas.[7]

Ahora bien, a pesar de que las preocupaciones por los derechos humanos son incuestionables, la UE, en especial países como España, buscan mantener una relación estable con el gobierno del presidente Maduro. Esto responde, en gran medida, a la necesidad del bloque regional de importar petróleo y gas, sobre todo tras el embargo de las importaciones energéticas provenientes de Rusia desde el inicio del conflicto con Ucrania.

[1] https://www.acnur.org/mx/emergencias/situacion-de-venezuela.
[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0288_ES.html.
[3] https://www.bbc.com/mundo/articles/cn38n9knl3no.
[4] https://www.exteriores.gob.es/es/Comunicacion/Comunicados/Paginas/2024_COMUNICADOS/20240816_COMU044.aspx.
[5] https://www.rtve.es/noticias/20240823/exteriores-insiste-reconocer-resultados-venezuela/16225450.shtml.
[6] https://www.bbc.com/mundo/articles/c4geqxz2nq3o.
[7] https://www.eeas.europa.eu/eeas/la-voluntad-del-pueblo-venezolano-debe-ser-respetada_es.

*José Joel Peña Llanes
Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP). Maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se desempeña como profesor de asignatura. Además, es profesor de la Universidad Iberoamericana (Ciudad de México) y de la Universidad Anáhuac. Candidato a Investigador Nacional por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).