María Alejandra Maldonado Adrián* y Camila Susana Pajuelo Revilla**

Durante el primer trimestre de 2025, diversas agencias humanitarias y organismos internacionales han informado una reducción significativa en los recursos destinados al financiamiento de programas de asistencia y protección dirigidos a personas migrantes y refugiadas en el Perú – una situación que, con toda probabilidad, también se presenta en otros países de la región – lo cual pone en riesgo la continuidad y sostenibilidad de sus operaciones e iniciativas a mediano y largo plazo.

Entre las instituciones más afectadas se encuentran Save the Children, Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes y HIAS Perú. A nivel de organizaciones internacionales se vive una situación similar en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyas operaciones en el país se han ralentizado significativamente, en el primer trimestre de 2025.

Sin duda, se trata de un fenómeno preocupante que responde a una reconfiguración del mapa global de cooperación internacional, en un contexto de múltiples crisis simultáneas, tanto políticas como sociales —incluyendo los conflictos en Ucrania, Gaza, Sudán y Haití—, así como a los efectos acumulados de la desaceleración económica global y la disminución de los aportes de países donantes tradicionales. La reasignación de fondos ha generado una contracción en los presupuestos operativos de las organizaciones que históricamente han sostenido el trabajo humanitario en América Latina, especialmente en países de tránsito y acogida como el Perú [1].

Un contexto de alta vulnerabilidad

El Perú alberga actualmente a más de 1.5 millones de personas venezolanas, según datos recientes de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) [2]. De ellas, al menos 532,000 han solicitado la condición de refugiado ante el Estado peruano, convirtiendo al país en uno de los principales receptores de solicitudes de asilo en la región [3]. Sin embargo, menos del 1% de estas solicitudes ha sido resuelta favorablemente, lo que pone de manifiesto, entre otros elementos, las limitaciones estructurales del sistema nacional de refugio [4].

En este contexto, es importante recordar que las agencias internacionales forman parte de los actores relevantes contemplados por el Estado peruano para la implementación de la Política Nacional Migratoria 2017-2025, aprobada por el Decreto Supremo N° 015-2017-RE. Estas entidades han desempeñado un papel subsidiario, pero fundamental, en la prestación de servicios de asistencia humanitaria, orientación jurídica, protección ante situaciones de violencia basada en género, atención en salud mental, programas de inserción laboral, así como en la articulación de mecanismos de derivación para casos que requieren protección urgente.

A las agencias internacionales se suman las organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluyen ONG nacionales e internacionales, entidades de carácter religioso y/o instituciones académicas. Estas organizaciones han conformado una importante red de asistencia integral – humanitaria, jurídica y económica – orientada a garantizar la seguridad de las personas migrantes y a mitigar las condiciones de vulnerabilidad a las que se ven expuestas al ingresar al territorio peruano, ya sea de tránsito o de manera permanente, de acuerdo con su trayectoria migratoria [5].

No obstante, la reducción de fondos ha generado el cierre de oficinas, recorte de personal y suspensión de programas en regiones claves como Tumbes, La Libertad y Arequipa, afectando a miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad [6]. Por ejemplo, Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes informó el pasado 11 de abril de 2025 el cese de sus operaciones en la ciudad de Tumbes tras ocho años de trabajo ininterrumpido en la zona [7]. Cabe destacar que Tumbes constituye un punto estratégico en el contexto migratorio, al tratarse de una región fronteriza con un alto flujo de personas migrantes y refugiadas que ingresan al país por dicha vía.

Por su parte, el 28 de febrero de 2025, la organización Save The Children alertó que los recortes en la ayuda económica internacional habían tenido un duro impacto, forzando la interrupción de sus actividades en decenas de países. Dichos programas incluyen servicios esenciales en áreas como salud, nutrición y educación a millones de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, así como iniciativas orientadas a su inclusión socioeconómica [8].

En similar sentido, la organización HIAS Perú se ha vista obligada a suspender numerosos programas de asistencia dirigidos a personas desplazadas, como consecuencia de órdenes de paralización emitidas por el gobierno de los Estados Unidos. Esta situación ha afectado a millones de personas en lugares donde HIAS venía trabajando en favor de la seguridad económica y social de las comunidades migrantes, incluyendo sus oficinas en el Perú [9].

Lo anteriormente expuesto conduce inevitablemente a cuestionarse si los países de la región en general y, el Estado peruano en particular, estarán en condiciones de asumir el vacío que dejará la reducción en la asistencia humanitaria financiada por la cooperación internacional. Al mismo tiempo, esta coyuntura puede ser vista como una oportunidad para que otros actores estratégicos – como la academia – asuman un rol más activo en estas labores, en articulación con las autoridades gubernamentales.

Consecuencias jurídicas y sociales

Desde una perspectiva normativa, el recorte presupuestario no exonera al Estado peruano de sus obligaciones jurídicas internacionales. El principio de “no devolución (non-refoulement), consagrado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 [10], y desarrollado por la jurisprudencia interamericana como parte del contenido esencial del derecho a buscar y recibir asilo, obliga a los Estados a garantizar mecanismos efectivos de protección, sin discriminación por la nacionalidad o el estatus migratorio de la persona.

Además, el Pacto Mundial sobre los Refugiados (2018) y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018) refuerzan el principio de responsabilidad compartida, estableciendo que la atención a poblaciones en movilidad no debe recaer exclusivamente en los países de acogida, sino que requiere del compromiso sostenido de la comunidad internacional [11].

En ese sentido, el cierre de programas de asistencia podría debilitar seriamente la capacidad del Estado peruano para cumplir con sus obligaciones internacionales, al comprometer el acceso efectivo a derechos básicos como la protección internacional, la salud, la orientación legal y la atención psicosocial, especialmente en zonas de alta concentración migratoria como el norte y el sur del Perú.

La reducción de la cooperación internacional pone en riesgo los avances alcanzados en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 10 (reducción de desigualdades), ODS 16 (instituciones eficaces e inclusivas) y ODS 17 (alianzas para el desarrollo sostenible), que exigen respuestas intersectoriales e inclusivas, con enfoque de derechos [12]. De lo contrario, se expone a las personas migrantes y refugiadas a mayores a que su situación de vulnerabilidad se vea aún más agravada, dificultando los procesos de integración en el país de acogida.

Hacia una gobernanza migratoria más resiliente

Sin duda, la situación actual constituye una alerta para el Estado peruano y los países de la región sobre la urgencia de fortalecer la institucionalidad nacional en materia migratoria y de refugio, así como de reducir la dependencia estructural de la cooperación externa.

En el año 2025, el Perú se encuentra en plena fase de revisión y actualización de su política migratoria (2017-2025), lo cual representa una oportunidad estratégica para consolidar y robustecer el aparato nacional normativo y administrativo para dar respuesta a los desafíos actualidad en movilidad humana, de conformidad con los estándares internacionales.

Si bien el apoyo internacional ha sido clave, es necesario avanzar hacia la construcción de políticas públicas sostenibles, con presupuesto propio, articulación intergubernamental y participación activa de la sociedad civil, la academia y las organizaciones de base comunitaria (migrantes y refugiados).

Asimismo, se requiere una estrategia de financiamiento innovadora que incluya mecanismos multilaterales regionales, alianzas público-privadas, cooperación descentralizada y cooperación Sur-Sur, en consonancia con los compromisos asumidos en foros multilaterales y en coherencia con la legislación nacional e internacional vigente.

Parafraseando lo que en febrero de 1945 dijo Sir Winston Churchill, nunca debemos desperdiciar una buena crisis. El escenario actual no debe interpretarse únicamente como una crisis de recursos, sino como una oportunidad que el Estado peruano y los países de la región deben aprovechar para repensar el modelo de gobernanza migratoria nacional y regional. Este momento ofrece la posibilidad de avanzar hacia una respuesta estructural y sostenible, basada en un enfoque de derechos humanos, que priorice la dignidad, la integración efectiva y la no discriminación de todas las personas en situación de movilidad humana en el Perú.

[1]: Véase Informe Anual Global Humanitarian Overview 2025, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), marzo de 2025.
[2]: Plataforma R4V, Reporte Regional de Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualización marzo 2025.
[3]: Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, Estadísticas Migratorias Oficiales, febrero de 2025.
[4]: Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Informe de Gestión 2024.
[5]: Véase ABC de la Migración y Refugio, Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), abril de 2023.
[6]: Entrevistas con personal de campo de HIAS, ACNUR y Save the Children, recogidas entre enero y marzo de 2025.
[7]: Véase Comunicado de Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes del 11 de abril de 2025, recuperado de www.encuentros-sjs.org.
[8]: Véase Noticia Global de Save The Children del 28 de febrero de 2025, recuperado de https://www.savethechildren.net/news/save-children-warns-devastating-impact-aid-cuts-children-worldwide.
[9] Véase Declaración de HIAS del 25 de enero de 2025, recuperado de https://hias.org/es/statements/hias-statement-response-stop-work-orders-state-department-and-other-federal-agencies/ .
[10] Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951, artículo 33.1.
[11]: Asamblea General de la ONU, Pacto Mundial sobre los Refugiados (A/73/12) y Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (A/RES/73/195), 2018.
[12]: Naciones Unidas, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General.

**María Alejandra Maldonado Adrián
Investigadora en formación del Programa de Derecho y Economía de CEINDO – Escuela Internacional de Doctorado CEU (España). Profesora auxiliar del Departamento de Derecho y Ciencia Política. Universidad Católica San Pablo (Arequipa, Perú).

**Camila Susana Pajuelo Revilla
Bachiller en Derecho con mención en Derecho Internacional por la Universidad Católica San Pablo (Arequipa, Perú).