Alejandra P. Díaz*

El 8 de enero de 2023 será un día que quedará en la memoria colectiva mundial porque se pudo ver en vivo y directo como un grupo faccioso tomaba los edificios que albergan los tres poderes de gobierno democrático de Brasil, pidiendo se diese un golpe de estado.

 Los antecedentes de los hechos descritos se remontan al 30 de octubre, fecha en que se confirmó el triunfo del candidato opositor Luiz Inácio “Lula” Da Silva en el ballotage con un 50,9% de los votos contra el 49,1% que obtuvo Bolsonaro. Las elecciones fueron legítimas, legales y transparentes de acuerdo a lo que manifestaron diversos veedores ante las acusaciones de sectores militantes del bolsonarismo al respecto. La reacción de estos sectores no se hizo esperar y comenzaron un acampe frente a distintos cuarteles militares como por ejemplo el de São Pablo, el cuartel central Duque Caixas, el de Brasilia, solicitando que las fuerzas armadas dieran un golpe para impedir la asunción del ganador de la elección a la Presidencia del Brasil. Luego del 1º de enero, con la asunción de Lula, si bien perdieron un poco de convocatoria no así fuerza, insistiendo en la intervención militar tan virulentamente hasta intentar tomar y lograr vandalizar los tres edificios más representativos de las instituciones democráticas.

Por otra parte, es importante remarcar que el Presidente saliente se negó a cumplir con el traspaso de los atributos de mando en la asunción del nuevo Presidente. Hecho que no fue original porque ya antes había sucedido en Argentina (2015) y EEUU (2020), y muestra simbólicamente (como el mismo acto de entrega de banda y bastón de mando) la continuidad democrática y a la vez la legitimidad del régimen en la cual pueden convivir diferentes fuerzas políticas que, en diferentes períodos, pueden alternarse en el ejercicio del poder.

El fenómeno que asedia a la democracia Latinoamérica desde fuerzas iliberales y antidemocráticas no es nuevo. Cabe mencionar las dificultades para mantener la estabilidad de los gobiernos democráticos en la región, en los últimos años, a saber: Perú en 2016 y 2021, Argentina en 2017, Bolivia y Chile en 2019, El Salvador en 2021. Un fenómeno que, a pesar de ser planteado como resultado de un enfrentamiento  ideológico, en el sentido de derecha-izquierda, en realidad sus causas más profundas responden al enfrentamiento entre dos concepciones de poder: de un parte, facciones  reaccionarias que representan un modelo autoritario[1] y por otra parte, miradas moderadas y democráticas.

En realidad, la democracia no sólo en Brasil sino en América Latina, no logró cumplir con el compromiso al que se le había establecido en la ola de democratización que permitió su instauración[2].

Como sostiene Przeworski[3] la democracia se enfrenta a cuatro desafíos que aún no ha podido superar: 1.  La incapacidad de generar igualdad en el terreno socioeconómico, 2. La incapacidad de hacer sentir a la gente que su participación política es efectiva, 3. La incapacidad de asegurar que los gobiernos hagan lo que deben hacer y no hagan lo que no se los ha mandado a hacer, y 4. La incapacidad de equilibrar orden con no interferencias. Sin embargo, sigue despertando expectativas y siendo considerada como el único régimen que puede asegurar un estado de derecho en cuyo centro se mantenga como valores a alcanzar y defender la libertad, la igualdad, y el autogobierno (sí, a través de la representación).

Todas estas limitaciones se perciben en todos los sistemas democráticos pero en aquellos donde las instituciones son débiles como las Latinoamericanas o como en algunos países del Este de Europa presentan fuertes situaciones de inestabilidad[4]. La inestabilidad se manifiesta en su fatiga frente a la sociedad, pero también en las diversas y sucesivas crisis: institucionales, de gobierno, intrainstituciones, etc. Para resolverlas se requiere negociadores que tengan como objetivo mantener y fortalecer el sistema democrático. Ante esto nos preguntamos qué papel puede jugar en estas situaciones de conflictos los esquemas de integración regional.

En este caso, estamos pensando en Mercosur. Recordemos que el Mercosur aprobó en 1998, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, que asigna fuerza normativa a la cláusula democrática y suspende del bloque a los Estados signatarios que no respeten los preceptos democráticos (fue activado por primera vez en la crisis política de Paraguay en 2012).

Asimismo se podría crear un órgano que se dedicase expresamente a seguir y crear mecanismos de evaluación del funcionamiento democrático en los Estados parte del Mercosur, ayudando a identificar las deficiencias que los funcionamientos institucionales y aconsejando posibles soluciones a dichas debilidades a corregir. La Comisión de Venecia  sería un buen modelo para tener en cuenta al tratar de pensar la constitución de estos mecanismos.

Asimismo, sería extremadamente útil la posibilidad de tener equipos técnicos permanentes con capacidad de asistir como buenos componedores antes crisis dentro de los sistemas democráticos de cada uno de los Estados.

Por otra parte, el bloque puede tener o crear herramientas para presionar a los Estados partes a resolver sus crisis ante posibles grados de sanciones tanto políticas como económicas.

Solo bajo el marco del estado de derecho se puede dar un proceso de integración exitoso, por ende, el Mercosur no puede permitir que cualquiera de sus Estados partes abandonara su régimen democrático.

* Alejandra P. Díaz

Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Candidata a Doctorado, Facultad de Derecho-UBA. Docente de la Facultad de Derecho y del Ciclo Básico Común de la Universidad Buenos Aires.

[1] Solemos referirnos al autoritarismo como un modo de ejercer el poder que no se corresponde con una ideología determinada. En ese modo de ejercicio el poder se concentra en una persona o grupo que limita las libertades y derechos de la sociedad. Puede verse más al respecto en Morlino, L.: “Las alternativas no democráticas”; Academia-PostDATA 10, diciembre 2004, , Buenos Aires, pp149-183.

[2] Sobre el tema puede consultarse dos obras muy completas y siempre vigentes, Huntington, Samuel: “La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX”; Paidós, Barcelona, 1994. O’Donnell, G., Schmitter, P. y Whitehead, L. (comps.): Transiciones desde un gobierno autoritario. América Latina / Vol. 2; Paidós, Barcelona, 1994.

[3] Przeworki, Adam: “Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno”; Siglo XXI, Buenos Aires, 2016.

[4] Podemos hablar de los casos de Hungría y Polonia. La UE ha aplicado el artículo 7 del Tratado de Lisboa al considerar que corre grave riesgo el Estado de derecho en esos países. Si bien los casos no son exactamente iguales, en ambos se ha concluido que la democracia tiene un fuerte deterioro en Polonia, y una verdadera crisis en Hungría. Para una análisis de estos casos es recomendable el texto Russo, J., & Morlino, L. ¿Una nueva ola autoritaria? REVISTA EUROLATINOAMERICANA DE ANÁLISIS SOCIAL Y POLÍTICO, vol. 1, número 1, junio-noviembre 2020. Pp.17-33. Recuperado a partir de http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/relasp/article/view/502