Luis Eduardo García G.*
Contexto histórico y marco conceptual
La democracia en Ecuador, a más de ser considerada un derecho, es un concepto categóricamente reconocido, por cuanto permite el ejercicio del pluralismo, y la participación con la finalidad de que los ciudadanos ejerzan sus libertades, es así que el 18 de agosto de 1945, mediante la Ley de Elecciones, se crea el Tribunal Supremo Electoral (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL s.f.), un organismo nacional que contó con Organismos Electorales Provinciales que tenían como objetivo ejecutar procedimientos para aplicar la norma legal electoral y así resolver las controversias que pudieran surgir en el desarrollo de las jornadas electorales, sin depender de ministerios que no contaran con independencia del gobierno, no obstante, como es propio de la dinámica de un país en desarrollo, en el año 2008, como fruto de la Asamblea Constituyente, se reemplazó al Tribunal Supremo Electoral y surge la Función Electoral compuesta por dos órganos nuevos, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, cuyas finalidades son administrativas y jurisdiccionales respectivamente y han sido creados para aplicar la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, también conocida como el “Código de la Democracia”[1], a fin de que se garantice el ejercicio pleno de los derechos de participación.
Ecuador ha venido marcando una serie de inestabilidades políticas a lo largo de su historia y es que, en las últimas décadas, el país ha vivido desarrollándose dentro de un bucle que, dinamizado por la inestabilidad, cambios de régimen y crisis en la gobernabilidad, en perfecto ejercicio del principio de alternabilidad democrática, ha otorgado el mando del Estado a varios gobiernos tanto de izquierda como de derecha, fomentando la innovación de ideas y el surgimiento de nuevos actores políticos con el único objetivo de evitar que el poder pueda ser perpetuo y centralizado en un determinado grupo, otorgando a sus ciudadanos el derecho de ejercer sus derechos de participación plenamente consagrados dentro de la Constitución.
Es así que, ideologías progresistas y neoliberales han intentado dentro de sus oportunidades implementar modelos de gobierno que marquen vías de desarrollo para un país que aunque opacado por la mala administración y la corrupción, cuenta con herramientas legales para garantizar los derechos de sus ciudadanos, tanto es así que, conforme a las disposiciones de la Carta Fundamental, en diversas oportunidades se han ejecutado diferentes procesos electorales que han promovido la participación ciudadana en la constante evolución del estado Ecuatoriano, lo cual es una prueba fehaciente de la soberanía que radica en el pueblo.
Dinámica de la política ecuatoriana reciente
La política ecuatoriana ha venido sufriendo una gran cantidad de cambios gracias a la inestabilidad y la polarización suscitados desde el año 2005, por cuanto los cambios de gobierno por derrocamiento y disoluciones se han mantenido a la orden del día, impulsados por la división de los partidos políticos, desencadenando una fragmentación constante en las filas de movimientos de gran data y renombre hasta provocar incluso, la cancelación de muchos de ellos conforme a la normativa electoral, es así que desde que Ecuador regresó a la democracia en el año de 1979, “…15 personas han ocupado la silla presidencial en Carondelet, varios de ellos llegaron al poder luego de que el presidente electo haya dejado su mandato por algún motivo.” (Loaiza 2023)
Los gobiernos que por voluntad del pueblo ecuatoriano han llegado a hacerse cargo del poder en representación de sus ciudadanos, una vez instalados y empezar a ejecutar sus planes de trabajo han tenido una constante que se hace sentir, y es que se han topado con la dificultad de ejercer gobernabilidad, por cuanto no existe el equilibrio necesario entre el poder político y las necesidades que en tal punto el pueblo demanda, es decir, las políticas de gobierno no siempre satisfacen a la gente, provocando que sectores sociales convoquen a movilizaciones y manifestaciones colectivas con el objetivo de demostrar la falta de capacidad del gobierno de turno para solventar eficaz y legítimamente los requerimientos de sus habitantes, dando como fruto un creciente menoscabo de legitimidad, provocando la pérdida de confianza de la ciudadanía si sus decisiones atentan contra la ética y la justicia, siendo arbitrarias o que atenten contra el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
De esta manera es posible argumentar que en la actualidad, la política ecuatoriana se encuentra totalmente polarizada por cuanto la izquierda se mantiene demandando políticas públicas que sostengan el concepto de el buen vivir mediante proyectos de ley en la Asamblea Nacional, entre ellos, proyectos que buscan alcanzar eficiencia y efectividad gubernamental en todo accionar de la administración pública, pero también gozan de este derecho organizaciones civiles y políticas mediante solicitudes formales, cuyas pretensiones buscan mecanismos para el reconocimiento de derechos, en donde el escenario más idóneo se encuentra en el ejercicio de la democracia, mientras la derecha se centra en optimizar el rendimiento de los recursos del Estado y para lograr dicho objetivo, se vale de la buena relación de este a nivel internacional, busca ser un escenario atractivo para la inversión extranjera, mejorando la productividad nacional y en consecuencia, el fortalecimiento de la exportación mediante una logística muy bien desarrollada y planificada, filosóficamente ambas corrientes tienen un punto de llegada para obtener un Estado que garantice derechos y sea adecuado para sus ciudadanos, sin embargo, aparentemente no se puede distinguir en cambio el punto de partida, puesto que las condiciones actuales del Ecuador no propician el correcto desarrollo de las estrategias de gobierno, provocando que los sectores que se sienten perjudicados convoquen a paralizaciones y protestas, dando como resultado la polarización marcada muchas veces por la transgresión de derechos a terceros o la invocación de ídolos de la política.
La polarización en el Ecuador no está concentrada en un solo aspecto, pues la constante confrontación entre ideologías a menudo conlleva una polarización política, misma que se evidencia en los balotajes electorales que generalmente obtienen como resultado en el primer y segundo puesto a los más grandes íconos de la izquierda y la derecha, dejando a otras candidaturas de muy buenos perfiles con porcentajes de votación absurdamente bajos, pues tanto es así que en el día a día se encuentran presentes nombres de líderes como el economista Rafael Correa, ex presidente del Ecuador que tras imponer políticas progresistas bajo el concepto de justicia social ha cautivado a muchos ciudadanos que claman dicho modelo de gobierno, así como también figuras de la derecha, que actualmente gira en torno al concepto de mano dura contra la violencia y el crimen organizado, promovido por el empresario Daniel Noboa Azín, actual presidente del Ecuador, quien de tal manera ha logrado captar gran cantidad de adeptos a su plan de gobierno por cuanto las condiciones de seguridad actuales se encuentran en estado crítico.
Tendencias actuales en la preferencia política
Dentro del análisis, en la última década de gobierno en Ecuador, es posible denotar que ha existido una ligera preferencia a la izquierda conforme es posible revisar en los resultados electorales publicados por el Consejo Nacional Electoral, no obstante, han surgido nuevos conceptos como la centro-izquierda, a raíz de la composición de binomios presidenciales y la Asamblea Nacional, pero es necesario recalcar que debido a la poca participación en el ámbito político de sectores sociales como los jóvenes, ha dado el resultado de poca legitimidad de los gobiernos, y por lo tanto de la democracia ecuatoriana, no obstante, hoy por hoy, el Código de la Democracia en su artículo 4 desarrolla el ejercicio de derechos constitucionales referentes a “…los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres.” (ASAMBLEA NACIONAL 2009), lo que marca un antes y un después en el ejercicio de los derechos de participación y a su vez, en el espectro a posteriori de la preferencia política ecuatoriana.
Es imprescindible recalcar que es propio de todo Estado y su población evolucionar y marcar tendencias al cambio según las circunstancias en las cuales la historia los coloque en el presente, por lo tanto, a la par del ordenamiento jurídico, se podría afirmar que es esencial el momento clave en el cual una norma jurídica, en este caso la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, demarca los parámetros para que se pueda garantizar el correcto ejercicio de los derechos de participación, o lo que en otros términos se consideraría, el ejercicio de la democracia a pleno rigor de la ley, definitivamente marcando un punto de partida y un hito al permitir que se considere a los grupos minoritarios, hombres, mujeres, jóvenes con voto facultativo, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada de ejercer su derecho al voto y bajo ciertos parámetros estipulados en el Código de la Democracia, también ser elegidos.
Movilización social y participación ciudadana
Ecuador es un país plenamente garantista y, por lo tanto, es un estado promotor de derechos, tanto es así que en su Constitución, dentro del artículo 1 manifiesta que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.” (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador del 2007-2008 2008) Aclarado este aspecto, es fundamental hacer énfasis en una particularidad de su texto, y es que, al incluir la letra “S” en la palabra “Derechos”, el Estado ecuatoriano otorga a sus ciudadanos el reconocimiento de sus derechos, es decir, se enfoca en la primacía del ser humano, otorgándole facultades, libertades y garantías que son objeto del cuidado que el estado debe promover, es por ello que democráticamente hablando, los derechos de participación son fundamentales para cumplir con la definición de este tipo de estado.
Sin embargo, el camino que el país ha debido tomar en su historia hasta llegar a este punto ha sido largo, puesto que la sociedad en décadas de antaño ha sido aquejada por brechas de desigualdad extrema y exclusión, antecedentes que han sido objetados por movimientos indígenas, trabajadores y sindicatos, estudiantes, jóvenes, y colectivos de diferente índole, actores fundamentales y principales activistas por derechos, levantando su voz al tenor de la dignidad por sobre todas las cosas, obteniendo como resultado su reconocimiento en el ejercicio de la democracia, por cuanto han sido considerados ampliamente dentro del pueblo, pueblo que ostenta el poder de tomar sus decisiones, es así que la democracia es una forma de vida de todos los ciudadanos debido a que día a día su participación ciudadana está activa en toda decisión pública.
En virtud de lo anterior, es posible afirmar que las movilizaciones sociales que se han venido desarrollando constantemente en la existencia del Estado ecuatoriano, si bien no siempre han obtenido el resultado esperado inmediatamente, han marcado precedentes históricos como el reconocimiento de derechos de las clases trabajadoras, como por ejemplo los laborales, entre los cuales se han contemplado vacaciones, licencias y protección de la clase obrera, de tal manera que, tras años de lucha social y debates, la legislación ecuatoriana ha evolucionado varios cuerpos legales y en la actualidad, es el Código del Trabajo el que regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, tanto así que en su contenido dentro del artículo 2, manifiesta la Obligatoriedad del Trabajo, pues lo contempla como un “…derecho y un deber social”. (Asamblea Nacional, Comisión de Legislación y Codificación 2005).
De ello se desprende que la participación ciudadana ha sido clave para que los derechos de los ciudadanos sean considerados principios fundamentales del Estado, lo que sugiere además que es un medio fortalecedor de la democracia, lo cual implica un impacto directo y significativo en los fundamentos que un gobierno toma para la adecuada administración del Estado, por cuanto la Carta Fundamental del Estado ha considerado como métodos de participación ciudadana a las elecciones populares, las consultas y referendos, la iniciativa social y popular, las veedurías, entre otros. Con estas consideraciones, es crucial referirnos a la Constitución de la República del Ecuador, debido a que dentro de las funciones del Estado, establece a la Función de Transparencia y Control Social y, dentro de su artículo 207, reconoce al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el cual es un organismo autónomo de dicha función que ha sido creado con la finalidad de promover e incentivar “…el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley.” (Asamblea Nacional 2008), por lo tanto, dicho organismo, representante de la Función de Transparencia y Control Social es el encargado de dirigir y regular los procesos en los cuales la ciudadanía participará en dichos asuntos, y conforme a los Principios Generales de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá “…iniciativas de participación ciudadana de ecuatorianas y ecuatorianos en el país y en el exterior que garanticen el ejercicio de los derechos y del buen vivir…” (Asamblea Nacional 2009), entre otras varias atribuciones de conformidad con la Constitución y la ley.
La democracia transparente y abierta a la observación internacional
Internacionalmente Ecuador es conocido como un país altamente cooperativo, pues en su historia ha sido y sigue siendo participe y suscriptor de múltiples organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas y varias de sus agencias, la Organización Mundial de Comercio, la Comunidad Andina, entre otras e históricamente a la Unión de Naciones Suramericanas, no obstante, dado a sus buenas relaciones internacionales, dentro de sus procesos democráticos contempla a la Observación Electoral debidamente reglamentada, pues es la vía más adecuada para hacer respetar y dar a conocer la voluntad del pueblo en las urnas, por lo tanto para tal fin, permite que organismos públicos y privados, nacionales e internacionales acreditados participen activamente mediante el seguimiento y acompañamiento al proceso electoral en sus diferentes etapas.
Un claro ejemplo de cooperación y transparencia en los procesos electorales son las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea, quienes activamente participaron en el último proceso electoral de las Elecciones Generales 2025 en sus dos vueltas, por cuanto es un principio fundamental de la Unión Europea apoyar a la democracia en todo el mundo, es parte de su política exterior, bajo el argumento de “Sólo una democracia que funcione puede hacer frente a las necesidades de sus ciudadanos, colmar sus demandas y cumplir con sus aspiraciones.” (Strategic Communications 2023), Y es que es tan cierto debido a que etimológicamente la palabra “democracia” significa “el poder del pueblo” por cuanto proviene de los términos griegos “demos” cuyo significado es “pueblo” y “kratos”, cuyo significado es “poder”, dicho esto, es posible tomarse la atribución de mencionar que las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea han sido creadas con la finalidad de verificar la efectiva aplicación del derecho del pueblo a ejercer “su poder” en las urnas y emitir su informe a pleno respeto de la soberanía nacional, para lo cual en cada fase o etapa de un proceso electoral son vigilias de una contienda electoral con igualdad de oportunidades, condiciones y derechos, tanto es así que por hacer mención de una de sus misiones de observación se encuentra la de 2025 en Ecuador y dentro de sus análisis elogian aciertos como preparativos electorales, la regulación en la campaña y la participación paritaria, así como también condenaron la violencia política de género y la suavidad de sanciones por infracciones electorales. (UNIÓN EUROPEA, MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 2025)
Bibliografía
[1] Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, Registro Oficial Suplemento 578 de 27/04/2009
Asamblea Nacional. Constitución de la República del Ecuador. 2008.
Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador del 2007-2008. Constitución de la República del Ecuador. Montecristi: Asamblea Nacional Constituyente, 2008.
Asamblea Nacional. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Registro Oficial, 2009.
ASAMBLEA NACIONAL. Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Quito, Pichincha: Registro Oficial, 2009.
Asamblea Nacional, Comisión de Legislación y Codificación. Código del Trabajo. Registro Oficial, 2005.
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. Historia de la Función Electoral. s.f. https://www.cne.gob.ec/historia-de-la-funcion-electoral/.
Loaiza, Yalilé. Infobae. 21 de 05 de 2023. https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/05/21/muerte-derrocamientos-y-disoluciones-parlamentarias-cinco-presidentes-ecuatorianos-no-han-podido-culminar-sus-mandatos-desde-el-retorno-a-la-democracia/.
Strategic Communications. Web oficial de la Unión Europea. 05 de 06 de 2023. https://www.eeas.europa.eu/eeas/las-misiones-de-observaci%C3%B3n-electoral-de-la-ue_es?s=4512.
UNIÓN EUROPEA, MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL. «Misión de Observación Electoral de la UE – Ecuador 2025.» 2025.
*Luis Eduardo García G.
Abogado. Universidad Metropolitana, Ecuador.