Sebastian Polo Alvis*

En el marco de los nuevos avances institucionales desarrollados en los últimos años, el Parlamento Europeo dio su aprobación al Pacto Europeo para el Asilo y la Inmigración, siendo esta una iniciativa indispensable para los nuevos ejes de acción institucionales al nivel comunitario para atender estos fenómenos demográficos. Dentro de los ítems priorizados por este nuevo acuerdo, se incentiva el uso profundo de procedimientos sofisticados de identificación migratoria, el control efectivo y funcional de los sistemas de fronteras externas y de Zona Schengen, la consolidación de un sistema solidario de atención migratoria, contribuir a los procesos de integración social de las poblaciones migrantes, el establecimiento de mecanismos de atención flexibles y resilientes, entre otros.

No solamente es una iniciativa que ha estado enfocada en la redistribución de presiones que son manifiestas en las fronteras comunitarias, sino que obedece a una situación compleja de atención a las condiciones propias del asilo y la migración que se han prohijado en el marco de la política exterior comunitaria. Estos elementos son desarrollados de forma prioritaria como una iniciativa que busca atender los problemas identificados durante los últimos diez años en temas relacionados con las diversas crisis humanitarias que se han manifestado. La situación derivada de entornos de conflictos como lo son Siria en 2015 y Ucrania en 2022, así como también el surgimiento acelerado de nuevas tendencias de migración irregular -ya sean por manifestación espontánea de las redes migratorias o por instrumentalización política por parte de algunos Estados- en el Mar Mediterráneo, Bielorrusia o la frontera ruso-finesa, son hechos que han incidido en las discusiones propias de la administración migratoria y fronteriza al nivel comunitario.

Estos antecedentes, más allá de la discusión política que se ha librado en torno a la concepción de la solidaridad de los Estados miembro de asumir cuotas migratorias y de su creciente relevancia en las discusiones nacionales de índole sociopolíticas en países como Polonia, Hungría o Eslovaquia a causa de la egida siria en 2015 -y que serían relativamente superadas por el arribo de la diáspora ucraniana en 2022-, expondrían la necesidad de entender el proceso migratorio como un elemento que sucede de forma independiente a cualquier proceso político. Si bien la discusión sobre la recepción migratoria durante ese periodo redundó en la cuestión política y sociológica sobre la divergencia de valores y principios manifiestos por las diferencias religiosas, termina sucediendo la prelación de la acción de países como Polonia, Lituania y Rumania las que van a dar la iniciativa para la recepción masiva de ucranianos durante el 2022. Por lo tanto, una de las incidencias centrales de este nuevo Pacto apuntaba a la creciente deficiencia establecida por su principal antecesor reglamentario: el Proceso de Dublin.

Siendo el marco operativo establecido en 1990 (junto con sus ampliaciones en 2003 y 2008), una iniciativa de atención propia de las solicitudes de asilo para evitar un proceso de doble tramitación de solicitudes de asilo, estas generarían un escenario de fractura política dentro de la Unión Europea respecto a los diferentes tipos de migración que se dan a lo largo de la geografía continental. Con la reducción a ser un solo país el que tramite la solicitud de asilo (Dublin II) y la definición de la directriz sobre la responsabilidad del primer país receptor del solicitante como tramitador de ese asilo (Dublin III), se generó un desbordamiento de las capacidades de recepción y atención por parte de los países de proximidad mayor a las zonas de las que provenían estas poblaciones (Grecia, Italia y España). Asimismo, también condicionaba directamente la voluntad de las propias poblaciones migrantes que, en el ejercicio del propio éxito de la decisión de migrar, optaban por mecanismos de transporte que implicaba atravesar diversos Estados como paso previo a su destino final de solicitud, que era el caso de algunos países como Alemania, Dinamarca, Países Bajos o Suecia.

Este avance político contribuirá en la redistribución de responsabilidades al nivel comunitario y otorgará un nuevo marco de atención migratoria, en una situación de deterioro paulatinamente mayor en lo que respecta a las condiciones de seguridad en zonas como el Próximo Oriente, los Balcanes y el norte de África. A pesar de que sucesos como los que acontecieron sobre la invasión rusa a Ucrania, el actual escenario internacional puede ser espacio de surgimiento de nuevas alertas que precisan una acción certera y asertiva si llega a darse una nueva oleada migratoria. En un entorno que precisa una transición social y migratoria cada vez más precisa, el riesgo será en darle el manejo que no corresponde y que las capacidades institucionales, una vez más, se vean nuevamente desbordadas.

*Sebastian Polo Alvis

Local Consultant Bridge Watch (Universidad del Rosario, Colombia)