Observatory on European Studies _ Cooperación para el desarrollo de la Unión Europea en América Latina: de la “graduación” a la degradación

2021-06-28

Laura Reyes Velez*

Karen Natalia Yepes Escobar**

Walter Arévalo-Ramírez***

Con el nuevo Instrumento para la Vecindad, el Desarrollo y la Cooperación Internacional (IVDCI) y el Marco Financiero Plurianual de 2014 a 2020 (MFP), la Unión Europea (UE) estableció un enfoque “diferenciado” con el que busca “graduar” a aquellos países que hayan mejorado su condición económica, es decir, quienes sean identificados como países de renta media o media-alta. Esto con el objetivo de orientar mejor los recursos y cortar las subvenciones otorgadas por la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en donde supuestamente ya no sea necesaria. Sin embargo, esta clasificación ignora la crisis social y económica sobreviniente de los países que han recibido esta etiqueta y los restringe de recibir recursos que puedan ayudar a salir de esta situación. De los 17 países graduados, 11 son latinoamericanos, lo cual expone la intención de la UE de disminuir su presencia económica en la región. En definitiva, este término no solo limita el avance de proyectos comunes entre ambos actores, sino que limita la cooperación para el desarrollo promovida por la UE y relega a América Latina y el Caribe (ALC), lo cual contrasta con el objetivo de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás.

Teniendo en cuenta la lógica bilateral histórica desarrollada entre ambas regiones, pocas veces ALC ha sido un actor de primera importancia en el marco de la cooperación tradicional desarrollada por la Unión Europea. Por ejemplo, en la Convención de Yaoundé de 1963 se firmó un acuerdo de intercambio comercial entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y 18 ex-colonias europeas del continente africano como una extensión al Fondo Europeo de Desarrollo. Posteriormente, tras el ingreso del Reino Unido a la CEE se reemplazó este convenio por la Convención de Lomé en 1975, en la cual la cooperación se ampliaba también a países del Caribe y Oceanía. Así, sólo hasta 1985, tras el ingreso de España y Portugal a la CEE, se daría un replanteamiento de la política latinoamericana de la Comunidad. No obstante, las relaciones entre la UE y ALC se han caracterizado por mantener una dinámica en la que perdura la dicotomía dominante de la cooperación Norte-Sur, en la que se ve a los Estados latinoamericanos más como receptores de AOD que como socios, de manera que ALC continúa ocupando un lugar secundario en la agenda europea. 

Si bien es cierto que una parte de la cooperación para el desarrollo de la UE se ha dirigido a América Latina y el Caribe, con el presupuesto previsto en el IVDCI se demuestran las prioridades actuales de la organización. De este modo, el foco se centra en África sub-sahariana (€32 mil millones) y Asia y el Pacífico (€10 mil millones), mientras que para los países latinoamericanos solo se destinan €4 mil millones (Comisión Europea, 2018). Esto significa una disminución del 12% en términos reales, que incluso podría acrecentarse. Con el nuevo programa de recuperación formulado por la UE en 2020, conocido como NEXT Generation EU, el presupuesto inicial podría reducirse a €3 mil millones. Este planteamiento pretende señalar que los actores de la región no son relevantes en la consecución de metas comunes ni en la cooperación triangular, la cual hace referencia a la concertación entre países donantes y organizaciones multilaterales que buscan incentivar la Cooperación Sur-Sur.

Ciertamente, parece que la Unión Europea y sus países miembros están desconectados del contexto latinoamericano. La figura de “graduación” afirma que los países que han demostrado mejoras en algunos indicadores, mayoritariamente económicos relacionados con la renta, ya no requieren asistencia. En otras palabras, los países son identificados como países prácticamente desarrollados que están en la capacidad de competir en el sistema internacional por su cuenta. No obstante, este escenario es ilusorio. La realidad de los “graduados”, que corresponden a México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, en su gran mayoría está marcada por la desigualdad, el crecimiento de la pobreza, la incapacidad de mitigar la corrupción y la persistencia de crisis económicas que no solo afectan la calidad de vida de la población, sino que preocupan a la inversión extranjera.

Antes de la pandemia del coronavirus, el desempleo había crecido. Aunque en 2014, como resultado del boom de las commodities, se encontraba en su punto más bajo (6,168%), con el fin de este periodo, se desató una recesión que incrementaría la tasa del mismo. Según el Banco Mundial, hasta 2017 logró estabilizarse este indicador en un 8,084% y para 2019 ya se encontraba en un 7,986% a nivel regional. En este sentido, justo en medio de la recesión los países fueron clasificados como “graduados”, lo cual retrasó la recuperación. Ahora, con la crisis actual, este indicador incrementó hasta tres puntos porcentuales y parece que nuevamente la mejoría será un proceso lento. Recientemente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) clasificó a la región como “vulnerable financieramente”, lo cual tiene una repercusión en la capacidad de endeudamiento de los países, en la solicitud de crédito y en el interés de inversores extranjeros.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para 2020 se presentó una contracción económica del -9,1% y una cifra de pobreza alrededor del 38% de acuerdo con las cifras presentadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Particularmente, países “graduados” como Argentina, Brasil y Perú, fueron los que  presentaron las caídas más fuertes en su actividad económica, mientras que aquellos aún elegibles para la AOD como Paraguay y Guatemala experimentaron caídas menos profundas. Aunque el efecto de la pandemia fue decisivo en el resultado de estas cifras, también hay que tener en cuenta los otros factores que ya estaban presentes antes de la llegada del COVID-19 a la región. En este sentido, las problemáticas se han hecho aún más grandes y la vulnerabilidad no es más que evidente, pero con la etiqueta de “graduados”, la cooperación con la UE no es una opción para superar esta situación. En definitiva, la “graduación” es contraproducente.

En conclusión, los cambios realizados a los instrumentos para el desarrollo de la UE ponen en peligro las relaciones de cooperación con América Latina y el Caribe. Ahora, la pandemia complica aún más el panorama, pues la Unión también se ha visto afectada. En pro de su recuperación ha establecido un presupuesto de emergencia para dar frente a la crisis social y económica, mientras se ocupa de mitigar el euroescepticismo y los movimientos nacionalistas que atentan contra la legitimidad de la organización. Indudablemente, ningún actor está en su mejor momento, pero seguir este camino podría descuidar la posición de la UE a nivel internacional y relegar a América Latina. De este modo, en vez de quedar como países “graduados”, serán “degradados”.

 

*Laura Reyes Velez

Integrante Semillero de Investigación sobre Dinámicas contemporáneas de la Unión Europea (SIDUE) (Universidad del Rosario).

**Karen Natalia Yepes Escobar

Integrante Semillero de Investigación sobre Dinámicas contemporáneas de la Unión Europea (SIDUE) (Universidad del Rosario).

***Walter Arévalo-Ramírez

Profesor Principal de Carrera. Universidad del Rosario. (Colombia). Coordinador Local, Jean Monnet Network "Bridge Project".