Este trabajo analiza las múltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a la justicia en Argentina, a pesar de contar con un marco jurídico progresista y la adhesión a instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). El objetivo principal es identificar y evaluar los obstáculos físicos, comunicacionales, actitudinales y procedimentales que limitan el ejercicio pleno del derecho a la justicia en condiciones de igualdad. La metodología utilizada es de tipo cualitativa y documental, basada en el análisis del marco legal argentino, informes de organismos civiles y fuentes normativas. Además, se adopta una perspectiva interseccional que considera cómo el género, la pobreza y la pertenencia a comunidades vulneradas profundizan la exclusión. Entre los principales hallazgos se encuentran la falta de accesibilidad en edificios judiciales, la escasa capacitación del personal judicial en materia de discapacidad, la carencia de intérpretes y materiales accesibles, y la persistencia de prácticas que sustituyen la voluntad de la persona, en lugar de fomentar sistemas de apoyo respetuosos de su autonomía. Se dedica una especial atención a las mujeres con discapacidad, quienes enfrentan una discriminación múltiple dentro del sistema judicial. Las consideraciones finales subrayan la urgencia de implementar medidas coordinadas entre el Estado, el poder judicial y la sociedad civil. Estas deben contemplar reformas estructurales, formación continua, generación de datos desagregados y políticas inclusivas. Solo mediante este enfoque integral será posible garantizar un acceso real y efectivo a la justicia para todas las personas con discapacidad, conforme a los principios de igualdad, autonomía y dignidad.
