Alejandro Beltrán Torrado*

Durante más de ocho décadas, Colombia ha vivido entre los efectos del conflicto armado y las profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales que alimentaron años de violencia y ausencia estatal. En ese escenario, la economía rural, sostenida principalmente por la agricultura, ha sido tanto víctima como soporte del país: una fuente vital de producción y empleo que, sin embargo, ha permanecido rezagada en materia de infraestructura, conectividad y acceso a oportunidades. Hoy, en medio de los esfuerzos por consolidar la paz y reconstruir el tejido social, Colombia busca un nuevo lenguaje de desarrollo: la tecnología como instrumento de reconciliación, equidad y transformación territorial, capaz de cerrar las brechas históricas y de impulsar un modelo de progreso más justo y sostenible desde el campo hacia el país.

La inteligencia artificial y la minería de bitcoin son dos elementos de la transformación global que empiezan a adquirir un sentido distinto y mayor relevancia en economías emergentes. No como bienes de capital de lujo, sino como vehículos para cerrar brechas, conectar territorios, reconstruir comunidad y lograr autosuficiencia y soberanía energética y económica en las comunidades con mayores vulnerabilidades, originadas por la falta de presencia socioeconómica estatal.

La inteligencia artificial como recurso comunitario

En febrero de 2025, el Gobierno colombiano aprobó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, conocido como el CONPES 4144, una hoja de ruta hasta el año 2030 que articula más de cien acciones en torno a infraestructura tecnológica, formación de talento, gobernanza de datos y adopción territorial, desarrollado y liderado por el Departamento Nacional de Planeación.

El CONPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Es el máximo órgano de planeación del Gobierno colombiano. Es un espacio donde se aprueban las políticas públicas más importantes del país. Cada documento CONPES funciona como una hoja de ruta: define qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuánto costará y cómo se va a medir el impacto.

En el caso de la inteligencia artificial, el CONPES 4144 de 2025 es clave porque establece por primera vez una estrategia nacional de IA con metas hasta el año 2030. Su importancia radica en que articula a diferentes entidades del Estado, como el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicaciones, Ministerio de Educación, Departamenteo Nacional de planeación, entre otras instituciones públicas.

En la práctica, este CONPES busca que la inteligencia artificial no sea un privilegio de las grandes ciudades o empresas, sino una herramienta que también beneficie a las regiones rurales, fomente la inclusión digital y ayude a resolver problemas reales del país. Este documento marca el camino para que la inteligencia artificial se use con propósito social, como motor de productividad, equidad y desarrollo territorial.

Lo transformador de esta política no está solo en su contenido técnico, sino en su mensaje político: la tecnología debe ponerse al servicio de las personas y no al revés.

En ese marco, el país busca que los beneficios de la IA lleguen también a los territorios rurales y a las comunidades afectadas por la violencia. Esto se traduce en tres frentes principales:

– Fomento al empleo local remoto: los jóvenes de poblaciones rurales o excombatientes pueden trabajar desde sus comunidades haciendo pequeñas tareas en línea como etiquetar imágenes, transcribir audios o revisar datos, que ayudan a entrenar sistemas de inteligencia artificial. Así generan ingresos y desarrollan habilidades tecnológicas sin tener que irse del territorio.

– Agricultura con inteligencia artificial: significa que los campesinos pueden usar sensores y programas que analizan el clima, la humedad del suelo y otros datos para saber cuál es el mejor momento para sembrar o regar. Esto les permite ahorrar agua, fertilizantes y reducir pérdidas. Según el CONPES, el Gobierno Nacional tiene recursos destinados para apoyar este tipo de proyectos financiando infraestructura tecnológica, formación y conectividad rural. Es decir, parte de estas iniciativas sí están subsidiadas o cofinanciadas con recursos públicos, aunque también se espera la participación de empresas y cooperación internacional para ampliar su alcance.

– Servicios de salud con enfoque preventivo y de cobertura integral: desde lectura de resultados hasta atención remota en las veredas donde no hay médicos todo el tiempo, la inteligencia artificial permite hacer diagnósticos a distancia. Por ejemplo, un enfermero puede enviar exámenes o imágenes a un hospital, y con ayuda de la IA un especialista revisa los resultados. Así las personas reciben atención médica sin tener que viajar y los profesionales locales pueden atender de forma oportuna a su comunidad.

La inteligencia artificial, usada con enfoque territorial, deja de ser un concepto urbano y se convierte en una infraestructura de inclusión y de equidad.

Minería Bitcoin y energía limpia como instrumento para la autosuficiencia rural

El segundo componente estratégico y vital en los próximos años, ante el nuevo paradigma geopolítico tiene que ver con la energía.

Colombia posee un enorme potencial en fuentes de energía renovable como la solar, hidroeléctrica y biogás, especialmente en zonas con grandes rellenos sanitarios, campos agrícolas y áreas de explotación de hidrocarburos donde se generan excedentes energéticos subutilizados y altamente contaminantes. En varias regiones rurales, parte de esa energía se desperdicia por la falta de redes de distribución y transporte estables. Aunque se avanza en proyectos para transformar ese potencial en gas líquido y facilitar su transporte, el Estado tiene una oportunidad aún más estratégica y de doble impacto: impulsar la instalación de centros de datos alimentados por energías limpias, que integren procesamiento de información, inteligencia artificial y minería basada en la prueba de trabajo, particularmente de Bitcoin. Este modelo, inspirado en experiencias exitosas de África y Asia, combina tres componentes esenciales: autosuficiencia energética, al permitir que las comunidades gestionen su propia energía renovable y reduzcan su dependencia de sistemas centralizados; autosuficiencia económica, mediante la reinversión de los ingresos obtenidos por la minería de Bitcoin y procesamiento de datos al servicio de la IA y con extensión de servicios para infraestructura local como internet, educación, salud o agua; y conectividad y datos, aprovechando parte de la infraestructura para desplegar redes locales y alojar servicios ciudadanos digitales. Para el Estado, promover este tipo de proyectos representa una oportunidad de optimizar el uso de los excedentes energéticos, fortalecer la infraestructura digital rural, atraer inversión verde que actualmente cuenta con ciertas exenciones tributarias y avanzar en las metas de transición energética, consolidando así un modelo de desarrollo territorial sostenible y tecnológicamente inclusivo.

Ejemplos como Gridless en África muestran que este esquema puede funcionar y es viable: al instalar mineras en redes renovables, se monetizan los excedentes energéticos, garantizando rentabilidad y acceso a electricidad a comunidades remotas.

Colombia podría adaptar esta experiencia a territorios PDET, las zonas priorizadas para la paz o a antiguas zonas de reincorporación como los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, conocidos como ETCR, combinando energía solar, el biogás producidos por los desechos sanitarios y otros elementos alternativos y centros de datos rurales como base para economías locales sostenibles.

La IA que preserva la memoria y protege la vida

La tecnología también está ayudando a mantener viva la memoria y prevenir nuevas formas de violencia.

Actualmente, grupos de investigación de universidades en Colombia desarrollan herramientas digitales basadas en IA para sistematizar los testimonios de las víctimas del conflicto, a partir de los archivos de la Comisión de la Verdad. Aunque estos proyectos están en fase exploratoria, abren un campo pionero para la tecnología aplicada a la memoria colectiva.

Otros programas, impulsados por el Ministerio TIC y la Organización Internacional del Trabajo, están formando a jóvenes en competencias digitales en regiones donde persiste el riesgo de reclutamiento forzado. La evidencia muestra que el acceso a educación tecnológica reduce la vulnerabilidad de niños y adolescentes en territorios históricamente violentos.

En este contexto, la IA se puede convertir en una tecnología para proteger la vida, mantener la memoria histórica y dignificar el conocimiento local.

Autonomía tecnológica como nuevo poder territorial

Europa ofrece lecciones valiosas. A través de la llamada AI Act, las AI Factories y el programa Digital Europe, La Unión Europea avanza hacia la autonomía tecnológica: regula con enfoque ético, procurando mantener un estándar adecuado de privacidad, construye infraestructura y forman talento. Este triple enfoque reduce su dependencia de potencias tecnológicas externas y reafirma su soberanía digital.

Colombia puede adoptar esa lógica, pero con un propósito social distinto: fortalecer la autonomía territorial y económica de sus comunidades. Esto implica invertir en infraestructura de datos local, microcentros de cómputo y nubes georreferenciadas y ubicadas estratégicamente; garantizar soberanía de los datos rurales; y usar la minería digital como herramienta fiscal, energética y productiva en territorios marginados.

Si las comunidades pueden producir su propia energía, administrar sus datos y participar de la economía digital, el poder se redistribuye de manera real. La inteligencia artificial y Bitcoin se convierten en instrumentos de autodeterminación colectiva, una forma contemporánea de soberanía popular frente al modelo tecnofeudal que concentra la riqueza en manos de pocos.

Tecnología para decidir el propio destino

Colombia podría encontrarse ante una coyuntura inédita y extraordinaria para repensar la relación entre tecnología, energía y territorio. Las transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial, la energía renovable y las tecnologías descentralizadas como Bitcoin abren la posibilidad de construir un modelo de desarrollo que, más que sustituir al Estado, lo complemente en su tarea de cerrar brechas y fortalecer la autonomía local. No se trata de imaginar un futuro utópico y sin desafíos estructurales como los que tenemos en la actualidad en la burocracia estatal, la infraestructura en conectividad y vías, sino de explorar escenarios reales y técnicamente posibles donde las comunidades rurales puedan convertirse en agentes activos de la nueva economía digital.

Desde una perspectiva económica, los modelos de minería de Bitcoin y centros de datos rurales alimentados con energías renovables muestran señales de viabilidad en otros contextos. Experiencias como las de Gridless en África han demostrado que los excedentes energéticos, frecuentes en regiones con infraestructura limitada, pueden convertirse en recursos monetizables, generando ingresos locales y fortaleciendo servicios públicos comunitarios. Si Colombia adaptara estos esquemas a su contexto rural, especialmente en zonas PDET o de reincorporación, podrían configurarse nuevas formas de sostenibilidad económica que integren energía, datos y trabajo digital como motores de autonomía territorial.

En materia de política pública y financiación, el país cuenta con una base sólida para avanzar. La Política Nacional de Inteligencia Artificial, a través del CONPES 4144 de 2025, plantea una hoja de ruta hasta 2030 que articula infraestructura, talento humano y gobernanza de datos. Integrar esta visión con la expansión de microcentros de cómputo rurales, nubes con cobertura regional autónoma y proyectos de energía distribuida podría permitir que la innovación tecnológica deje de concentrarse en las grandes ciudades. La IA aplicada al agro, a la salud y al empleo remoto puede convertirse en una infraestructura práctica y modular, adaptable a las capacidades de cada territorio.

Desde el punto de vista legal y regulatorio, las condiciones tampoco parecen ser una barrera estructural para su implementación y desarrollo. Colombia cuenta con marcos normativos para la transición energética, incentivos fiscales a la inversión verde y políticas de transformación digital que podrían servir como plataforma de lanzamiento. Con una regulación flexible pero ambientalmente responsable, la minería de Bitcoin podría integrarse como uso productivo de energía limpia, y los sistemas de IA podrían operar bajo esquemas de soberanía de datos locales inspirados en los principios de la Ley de inteligencia artificial creado en el marco de la Unión Europea.

En el plano social y político, las implicaciones son más profundas. Estas tecnologías podrían ofrecer una alternativa real a economías ilícitas y a la dependencia estructural de subsidios. En los territorios más afectados por el conflicto, la posibilidad de producir energía, gestionar datos y participar en la economía digital redefiniría la noción misma de desarrollo, al trasladar la toma de decisiones hacia los actores locales.

No se trata de una promesa inmediata, sino de una ruta de exploración posible: técnica, económica y legalmente viable. Si se articula con políticas de inclusión, educación y sostenibilidad ambiental, esta convergencia entre IA, energía y Bitcoin podría ser una de las estrategias más transformadoras del siglo XXI para países en reconstrucción.
Tal vez el verdadero potencial de Colombia no radique en alcanzar la autosuficiencia tecnológica de inmediato, sino en atreverse a construir las condiciones para que esa autosuficiencia sea posible: un modelo donde los datos, la energía y la innovación no solo generen riqueza, sino también memoria, equidad y poder local compartido.

Referencias
Comisión Europea. 2025. Artificial Intelligence Act: Regulation on Artificial Intelligence. Bruselas.
Departamento Nacional de Planeación (DNP). 2025. Política Nacional de Inteligencia Artificial (CONPES 4144). Bogotá: DNP.
Forbes Africa. 2025. “Could Bitcoin Mining Power Rural Africa?” Forbes Africa, 25 de septiembre.
Government of Finland. 2019. AuroraAI: Development and Implementation Plan 2019–2023. Helsinki: Prime Minister’s Office.
Gridless. 2023. Energy and Bitcoin in Africa: Blueprint for Rural Minigrids and Mining Utilization. Nairobi: Gridless Compute.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 2023. “Arranca el programa UNICO Demanda Rural para llevar banda ancha vía satélite a zonas rurales poco pobladas.” Madrid.
MinTIC y OIT. 2024. Informe de Formación Digital para la Prevención del Reclutamiento Forzado en Zonas PDET. Bogotá: MinTIC.
OECD. 2025. “AuroraAI: A Human-Centric and Life-Event-Based Public Sector Transformation.” Observatory of Public Sector Innovation (OPSI).
Pontificia Universidad Javeriana. 2024. IA y memoria: preservación digital de testimonios de víctimas del conflicto colombiano. Bogotá: Centro de Ética Aplicada.
Ramboll. 2023. Heat Reuse in Data Centers: Best Practices in Denmark. Copenhague.
Uptime Institute. 2024. Energy Efficiency and Heat Recovery in German Data Centers. Berlín.

*Alejandro Beltrán Torrado
Consultor en tecnología e innovación para la recolección, análisis y sistematización de datos sobre Inteligencia Artificial en Colombia en el marco del proyecto WP3 Bridge Watch Report 2025. Profesor cátedra de la Facultad de Jurisprudencia y de Economía de la Universidad del Rosario (Colombia). Especialista en Finanzas de la Universidad de Los Andes (Colombia). Magíster en Nuevas Tecnologías de la Universidad de Salamanca (España). Cofundador de Buda.com (Chile). alejandro.beltran@urosario.edu.co