Alejandra P. Díaz* y Martina L. Rojo**
El derecho a la alimentación es sin dudas un tema fundamental en la temática de los Derechos Humanos fundamentales. Sin alimentación no hay supervivencia, y los alimentos deberían ser seguros, nutritivos, inocuos y suficientes para las necesidades orgánicas humanas. Por ello, el acceso a los alimentos es una cuestión básica. Sin embargo, la cuestión de la calidad de la alimentación no está tan estudiada desde las disciplinas sociales ni en su relación con el Derecho.
Una ONG llamada “Foodwatch” emitió una alerta en Francia el pasado 18 de julio sobre alimentos procesados que presentaban etiquetas con información falsa y engañosas en dicho país.[1] Esta ONG, fundada en Alemania en 2002, presente en Países Bajos desde 2009 y certificada oficialmente como asociación de defensa de los consumidores en Francia desde 2023 está especializada en denunciar prácticas abusivas de marketing en el campo agroalimentario.
Foodwatch también anunció el pasado 18 de julio el lanzamiento de una nueva herramienta, el «Muro de engaños en las etiquetas», que permite a los consumidores señalar productos alimenticios con etiquetas engañosas o abusivas.[2]
Esta noticia europea nos llevó a reflexionar sobre cómo se regula el tema en la Argentina. Un punto importante al comenzar es señalar que la alta inflación y la crisis económica sucesivas en nuestro país ha degradado a lo largo de los años la calidad de la alimentación de los argentinos. Nuestro país, que fue “el granero del mundo” y fuente de la mejor carne vacuna del planeta tristemente cuenta hoy con niveles muy elevados de desnutrición y malnutrición y también con diversos casos de fraude alimentario. Se comercializan alimentos con precios menores de baja calidad y con dudoso contenido nutricional y también se detectan alimentos ilegales que no cumplen con las normas sanitarias, corriendo riesgo la salud de todos los habitantes.
Si bien las normas constitucionales, civiles y comerciales, administrativas y procesales de Defensa del Consumidor son avanzadas y están vigentes, se detecta una fiscalización ineficiente del Estado respecto al control administrativo de quienes fabrican y comercializan alimentos. También la jurisprudencia ha detectado distintos casos de proveedores que incurrieron en responsabilidad por daños alimentarios provocados por sus productos.
Adherimos a las reflexiones de CAPELLUTO quien en un artículo publicado en 2022 señalaba: “la disponibilidad de alimentos seguros y de calidad, el acceso de la población a ellos y un consumo nutricionalmente adecuado son los pilares sobre los que se debe asentar la seguridad alimentaria argentina”.[3]
Resulta evidente que las personas de condición económica más humilde y por ello más vulnerables, son los que terminan consumiendo alimentos que están fuera del alcance del control de calidad de los organismos estatales. Ligado a esto no tenemos que perder de vista que en muchas ocasiones es aún más perjudicial la manipulación de los alimentos sin guardar los debidos recaudos sobre higiene y conservación. De hecho, la mayor parte de las enfermedades trasmitidas por alimentos se deben a la preparación o manipulación de manera incorrecta de los alimentos en el hogar o establecimientos en donde se sirve la comida o en los mercados. No hay una real conciencia en los manipuladores de alimentos ni en los consumidores de la importancia de las prácticas higiénicas básicas al comprar, vender o preparar alimentos.[4] Esta situación también suele afectar a las personas de menores recursos o en estado de vulnerabilidad agravada por la falta de acceso a la información, a los alimentos que han pasado el control de calidad, y también porque en muchas ocasiones carecen de las condiciones para conservar los alimentos debidamente o poder disponer de elementos de higienización necesaria para los mismos (falta de acceso a servicios eléctricos, y de agua potabilizada, etc.). Es de esperar, que estas situaciones afecten de lleno a los sectores más humildes generando la exposición a posibles enfermedades o situaciones de malnutrición. Esto deja a la luz que los sectores más humildes se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor en el acceso a los alimentos de calidad nutritiva e inocuidad. Esta realidad constituye una evidencia innegable de la brecha de inequidad que forma parte de la preocupante deuda social que tienen muchos países de Latinoamérica, incluida Argentina. Dicha brecha que genera la desigualdad del acceso a la alimentación correcta compromete, no solo a quienes lo sufren en carne propia en la actualidad, sino también a generaciones futuras que deberán arrastrar a lo largo de su vida los problemas que genera en la salud humana la baja calidad alimentaria.
En definitiva, queda en responsabilidad del Estado, a través de sus distintas agencias, generar políticas públicas eficiente para controlar la calidad de los alimentos y la capacidad de acceso a los mismo a precios y calidad adecuados para los sectores vulnerables.
[1] Periódico “OUEST-FRANCE”, fecha 18-07-24, disponible en: https://www.ouest-france.fr/economie/consommation/sept-produits-vendus-en-supermarche-epingles-par-une-association-pour-arnaque-a-letiquette-84da9766-450d-11ef-af26-2383fc8af689#:~:text=Sept%20produits%20alimentaires%20pl%C3%A9biscit%C3%A9s%20durant,trompeuses%2C%20jeudi%2018%20juillet%202024.&text=Consommateurs%2C%20m%C3%A9fiez%2Dvous%20des%20%C3%A9tiquettes,en%20ce%20d%C3%A9but%20d’%C3%A9t%C3%A9. (visitado 21-7-24)
[2] https://www.foodwatch.org/fr/agir/mur-des-arnaques-etiquettes
[3] Marcelo Fabián Capelluto, “La seguridad alimentaria en crisis en Argentina”, Ratio Iuris. Revista de Derecho. Vol. 10 Núm. 2, julio-diciembre 2022, pp. 96-134, ISSN: 2347-0151, en: https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/ratioiurisB/article/view/1480/1442 (visitado 21-7-24)
[4] Puede verse sobre el tema https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety.
*Alejandra P. Díaz
Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina
**Martina L. Rojo
Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina
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